La Fiscalía General de la Nación imputó al exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva Durán por el presunto delito de prevaricato por acción, a raíz de las decisiones que tomó en el controvertido proceso de licitación para la producción y distribución de pasaportes colombianos. La diligencia, adelantada de manera virtual ante el Tribunal Superior de Bogotá, marca un nuevo capítulo en el escándalo que desde 2023 envuelve la contratación de este documento oficial.
Según la Fiscalía, Leyva habría emitido actos administrativos que contravinieron la ley durante la licitación pública, pese a que conocía que el proceso “se había adelantado de buena forma” y que ya contaba con los requisitos técnicos y jurídicos para adjudicarse. La fiscal del caso aseguró que no existían “situaciones excepcionales” que justificaran la declaratoria de urgencia manifiesta invocada por el entonces canciller, y señaló que la medida buscaba “abrir la puerta de manera caprichosa y vertiginosa a una contratación directa”.
La imputación sostiene que Leyva declaró desierto el proceso con argumentos “carentes de razones jurídicas”, aun cuando la licitación ya tenía un proponente habilitado: la empresa Thomas Greg & Sons, cuya oferta superaba los 600.000 millones de pesos. Esa decisión, tomada en septiembre de 2023, derivó en la suspensión de la adjudicación, la apertura de investigaciones y una crisis administrativa dentro de la Cancillería.
El expediente recuerda que, a raíz de esas actuaciones, la Procuraduría General destituyó e inhabilitó a Leyva por diez años, decisión de carácter disciplinario que el exministro apeló. Para la Fiscalía, la actuación del entonces canciller configuró un abuso de autoridad y un uso indebido de las facultades administrativas, lo que dio lugar a la apertura de la investigación penal en diciembre de 2023.
Mientras avanza el caso en Colombia, Leyva enfrenta otro episodio judicial, esta vez en Estados Unidos. En días recientes, el excanciller presentó ante autoridades federales una denuncia contra el presidente Gustavo Petro por presuntas conductas cometidas durante su visita a Nueva York en 2025, tras asistir a la Asamblea General de la ONU.
En el documento dirigido a la fiscal estadounidense Pamela Bondi, Leyva solicita que se investigue si Petro incurrió en violaciones a normas federales al dirigirse con un megáfono a una multitud y afirmar: “Desobedezcan al presidente Trump y obedezcan a la humanidad”, en un mensaje dirigido incluso a miembros activos de las fuerzas armadas estadounidenses.
La denuncia sostiene que dichas declaraciones no constituyeron una mera manifestación política, sino una “exhortación directa” a incumplir la cadena de mando militar, lo que podría interpretarse —según cita Leyva— como incitación al motín, sedición o intento de sublevación, de acuerdo con el Código Penal y el Código Uniforme de Justicia Militar de los Estados Unidos.
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El excanciller argumentó además que la inmunidad diplomática de los jefes de Estado tiene límites y que las actuaciones de Petro en territorio estadounidense deben ser objeto de investigación judicial. “Solicito se investigue al señor Gustavo Petro Urrego por conductas posiblemente violatorias de rigurosas normas y leyes sujetas a su control jurisdiccional”, concluyó.
La situación judicial de Leyva, ahora en dos frentes, abre un complejo panorama político y jurídico para el exministro, mientras en Colombia continúa avanzando el proceso por el caso de los pasaportes.
