La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) profirió recientemente una sentencia histórica contra exintegrantes del secretariado de las FARC, imponiéndoles sanciones propias por el secuestro de más de 20 mil personas durante el conflicto armado. El fallo ha sido calificado como un hito por marcar la primera vez que se responsabiliza penalmente a los antiguos jefes guerrilleros por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, para las víctimas, la decisión sigue dejando un sinsabor.
Ese es el caso del general (r) Luis Mendieta, uno de los oficiales que permaneció más tiempo en cautiverio de las FARC. Estuvo secuestrado durante casi 12 años, hasta que fue rescatado en la Operación Camaleón en 2010. En diálogo con KienyKe.com, Mendieta rememora los momentos más dolorosos de su secuestro y lanza duras críticas tanto al proceso de paz como a la manera en que la JEP está sancionando a los responsables.
“El secuestro fue un suplicio de principio a fin”
Mendieta recuerda que su secuestro comenzó con un ataque sangriento y que desde ese instante todo se convirtió en una prueba extrema de resistencia.
“Como decía mi compañero Arturo Arcia, lo más duro del secuestro fue desde el primer hasta el último día. Durante esos casi 12 años todo fue supremamente difícil”, señala.
En su memoria quedaron grabados tres episodios. El primero, sobrevivir al ataque mismo en el que fue capturado. El segundo, la llamada “marcha de la muerte”:
“Duró más de seis meses. Yo me enfermé y estuve cinco semanas tirado en el piso sin poder caminar, arrastrándome con muchísimas dificultades. Fueron mis compañeros quienes me ayudaron a sobrevivir”.
El tercero, su rescate en la Operación Camaleón, en junio de 2010, que describe como un momento tan violento como liberador:
“Fue en medio de explosiones y combates, una operación muy fuerte, pero que nos devolvió la libertad”.
Escepticismo frente al proceso de paz
Cuando el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos firmó el Acuerdo de Paz en 2016, Mendieta no compartió el entusiasmo que se despertó en amplios sectores de la sociedad.
“Participamos con una posición crítica, prácticamente oponiéndonos. Hicimos campaña por el ‘No’ en el plebiscito porque considerábamos que se estaban otorgando demasiados privilegios a las FARC”, explica.
Recuerda que, junto al periodista Erwin Hoyos, pidió que así como se entregaron diez curules a los excombatientes, también se diera representación política a las víctimas.
“Se lo solicitamos al Congreso, pedíamos un contrapeso. Pero no ocurrió. Se dieron las diez curules a las FARC y después otras 16 con el argumento de que eran para las víctimas, pero al final ellos las controlaron. Esa exclusión la sentimos desde entonces”.
Mendieta también asegura que en instituciones creadas tras la firma del acuerdo, como la Unidad Nacional de Protección o la Agencia Nacional de Tierras, se privilegió a excombatientes mientras que las víctimas no fueron tenidas en cuenta.
Críticas a la JEP: “Sin verdad ni reparación no hay justicia”
El general (r) participó en audiencias de la JEP y afirma que desde el inicio pidió que los jefes del secretariado fueran excluidos de los beneficios.
“No confesaron la verdad ni entregaron los bienes. Mientras no haya reparación, no puede haber justicia. Nosotros solicitábamos la exclusión, pero no se nos escuchó”.
Para él, las sanciones propias que hoy se imponen —trabajos de desminado, búsqueda de desaparecidos, proyectos ambientales y de memoria— no son castigos reales.
“En esas audiencias el Estado se comprometió con presupuestos enormes y con toda clase de apoyos. Al final lo que van a tener es burocracia, contratos y recursos en sus manos. Eso no es justicia para quienes sufrimos el secuestro”.
Mendieta insiste en que lo correcto hubiera sido que los responsables fueran a juicio y recibieran condenas de cárcel.
“Si no entregaron verdad ni bienes, lo justo era 20 años de prisión. Esa era la sanción proporcional a los crímenes atroces que cometieron”.
“Las víctimas seguimos olvidadas y estigmatizadas”
El oficial retirado cierra con un mensaje amargo sobre la posición en la que, según él, han quedado las víctimas en Colombia:
“Desde el gobierno de Pastrana se les concedieron privilegios a las FARC, luego con Santos se multiplicaron, y ahora la JEP y el actual gobierno destinan más recursos para ellos. Las víctimas seguimos olvidadas, excluidas, estigmatizadas y relegadas”.
Subraya que no se trata solo de los secuestrados que sobrevivieron, sino de las familias que llevan consigo secuelas físicas y psicológicas por años de sufrimiento.
“Son crímenes atroces y de lesa humanidad que no se pueden borrar con proyectos sociales. La reparación y la justicia real todavía no han llegado”.
El testimonio de Mendieta refleja la tensión que aún persiste entre la necesidad de cerrar heridas mediante mecanismos de justicia transicional y el sentimiento de abandono de miles de víctimas del conflicto. Mientras la JEP busca consolidar su papel en la construcción de paz, voces como la del general (r) recuerdan que la legitimidad de ese esfuerzo depende de que las víctimas sientan que no fueron, una vez más, relegadas a un segundo plano.
Otras víctimas inconformes
Varias víctimas del secuestro por parte de las FARC expresaron inconformidad con la primera sentencia de la JEP, que tardó más de siete años en emitirse. El exdiputado Sigifredo López criticó la falta de verdad plena y de medidas reparadoras reales, mientras que Íngrid Betancourt calificó el fallo como un “andamiaje de impunidad” que premia a los victimarios.
El policía retirado Máximo Quiroz rechazó que los exjefes de las FARC puedan seguir en política con sanciones mínimas, y Clara Rojas señaló falta de proporcionalidad frente al daño causado. Para el exgobernador Alan Jara, ningún fallo resarce lo vivido, aunque confía en que la decisión ayude a construir una sociedad libre del secuestro.
