El Gobierno de Colombia se reunió este lunes con representantes del Estado Mayor Central (EMC), el principal grupo de disidencias de las extintas FARC, para instalar el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación (MVMV) temporal del cese el fuego bilateral que rige entre las dos partes desde principio de año.
Durante la reunión, el Gobierno recibió formalmente los nombres de los cinco delegados de las EMC que harán parte de la mesa de conversaciones de paz que arrancará en mayo y que las disidencias ya habían anunciado en una reunión en las sabanas del Yarí el pasado 16 de abril.
La reunión se ha realizado a puerta cerrada y ha trascendido muy poca información, a pesar de la importancia de la misma. También se sigue desconociendo algunas de las líneas rojas del cese al fuego o cuáles son las vulneraciones que este mecanismo va a estar vigilando.
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¿Qué detalles se conocen de esta instalación de veeduría?
Según recuentos de organizaciones sociales el EMC es el grupo que más ha vulnerado el cese al fuego, a pesar de que las disidencias denunciaron este lunes acciones del Ejército que también lo habrían infringido, con enfrentamientos armados y un "pérfido bombardeo" el pasado 21 de abril.
El mecanismo para verificar el cese al fuego está integrado por delegados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP), del Ministerio de Defensa, de la Fuerza Pública y del EMC, y está acompañado por la MAPP-OEA y por observadores de la ONU y la Iglesia Católica.
El comienzo de diálogos
Esta reunión se produce después del baño de masas que se dieron las disidencias el pasado 16 de abril en el multitudinario evento en Casa Roja, en las sabanas del Yarí, al que asistieron organizaciones campesinas, indígenas y afro y en el que los cabecillas de esta disidencia afirmaron su voluntad de paz en Colombia.
Ahí las disidencias afirmaron que la mesa de diálogo con el Gobierno se instalará de manera oficial el 16 de mayo, una fecha que el Gobierno aún no ha confirmado y que la OACP no quiere concretar aunque acota al próximo mes.
En ese sentido, la OACP "solicitó a la Fiscalía General de la Nación la extensión de la ejecución de las órdenes de captura vigentes en contra de esas personas, con el objetivo de que puedan cumplir con las responsabilidades del proceso" y moverse libremente para los diálogos.
Además, queda que el Gobierno comunique los "detalles del acto de instalación, la arquitectura y la metodología de la mesa, así como los nombres de los delegados del Gobierno".
