Colombia mantiene altos niveles de afiliación al sistema de salud, pero el acceso real a los servicios enfrenta un deterioro progresivo. Así lo advierte el más reciente informe de Así Vamos en Salud, que identifica una brecha creciente entre la cobertura formal y la garantía efectiva del derecho a la salud.
El análisis señala que estar afiliado no asegura atención oportuna, continua ni de calidad, en un contexto marcado por presiones financieras, aumento de la demanda y reducción de la capacidad instalada.
Uno de los datos más críticos es el cierre de 4.104 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud entre 2021 y 2025, según registros del Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud.
Este fenómeno refleja una disminución sostenida de la oferta en salud, justo cuando la demanda crece por el envejecimiento de la población y el aumento de enfermedades crónicas.
El impacto territorial es desigual, pero concentrado en las zonas con mayor presión del sistema. Bogotá encabeza la lista con 580 cierres, seguida por Antioquia (273), Atlántico (268), Cali (227), Barranquilla (212), Santander (204) y Cundinamarca (177).
Menos camas y servicios clave
A la reducción de instituciones se suma el cierre progresivo de camas hospitalarias, especialmente en servicios materno-infantiles. Esta tendencia aumenta los riesgos para mujeres gestantes, recién nacidos y niños, y obliga a muchas familias a desplazarse a otras ciudades para recibir atención.
El informe advierte que esta caída en la capacidad instalada profundiza las brechas territoriales y limita la respuesta del sistema en áreas críticas.
Los indicadores de experiencia del usuario muestran un aumento sostenido de las PQRS, lo que refleja barreras en el acceso a servicios y tecnologías en salud.
Cuando estas solicitudes no se resuelven, los ciudadanos recurren a la vía judicial. El incremento de tutelas en salud confirma una falla estructural en la capacidad de respuesta institucional, trasladando al sistema judicial decisiones que deberían resolverse dentro del sistema.
El informe también advierte sobre un cambio en la composición del sistema: disminuye el número de afiliados al régimen contributivo y aumenta el subsidiado, lo que incrementa la presión fiscal.
Esta tendencia, sumada a la informalidad laboral, pone en riesgo la sostenibilidad del modelo y dificulta mantener la cobertura universal en el mediano plazo.
Un sistema con brechas estructurales
Aunque Colombia ha logrado sostener la cobertura, el informe concluye que el principal desafío es garantizar acceso efectivo.
Entre las recomendaciones se destacan mejorar la gestión del sistema, ajustar la oferta a las nuevas dinámicas poblacionales, reducir barreras en territorios apartados y fortalecer el uso de herramientas como las PQRS para la toma de decisiones.
El diagnóstico es claro: la cobertura se mantiene, pero la capacidad del sistema para responder a la demanda muestra señales de desgaste.
