La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este miércoles 7 de julio un informe en el que detalló su visita a Colombia entre el 8 y 10 de junio para observar la situación de derechos humanos en el marco del Paro Nacional, el cual inició desde el pasado 28 de abril.
En dicho documento, la organización aseguró que la respuesta del Gobierno de Iván Duque ante las protestas se basó "en el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza".
Según, Antonia Urrejola, la presidenta de la CIDH, esto "presenta graves violaciones a los derechos humanos, en particular el derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad de manifestantes".
El informe de la CIDH indicó que se han recibido un total de 2.908 solicitudes para dar testimonio sobre la situación colombiana y que se obtuvieron 302 declaraciones individuales y colectivas, con la participación de más de 500 personas.
De acuerdo con la presidenta, en el marco de las protestas se ha evidenciado un clima polarizado en "discursos estigmatizantes, que a su vez propician un acelerado deterioro del debate público".
"La Comisión Interamericana manifiesta su firme condena y rechazo por los altos niveles de violencia registrados en el marco de la protesta social, tanto aquella ocasionada por el uso excesivo de la fuerza por parte de la fuerza pública como la provocada por grupos ajenos a la protesta misma", aseveró la organización.
Ante esto, la Comisión realizó 40 recomendaciones en las que sugiere efectuar un "diálogo genuino, con enfoque territorial, que permita la escucha de todos los sectores", así como adoptar las medidas necesarias para garantizar el acceso a a la justicia.
En cuanto al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, la CIDH indicó que es necesario reforzar y reestructurar los procesos de formación, entrenamiento y capacitación de los miembros de los cuerpos de seguridad.
Bajo esta línea, la organización sugirió la separación de la Policía Nacional y el Esmad del Ministerio de Defensa con el fin de "garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares.
Por otra parte, recomienda adoptar el estándar interamericano con el cual se busca que los funcionarios públicos se abstengan de realizar declaraciones que estigmaticen o inciten a la violencia.
