En un reciente informe que publicó la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) habla sobre la situación en derechos en Colombia y de paso el organismo internacional le exige al Estado colombiano revisar la actuación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
El análisis lo hicieron con lo ocurrido en los meses de noviembre y diciembre del 2019 en los que el país vivió una serie de protestas muy fuertes que provocó la actuación de la Fuerza Pública con el fin de garantizar el orden y la seguridad en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín.
"Los manifestantes sufrieron lesiones oculares o craneales debido a golpes o impactos de proyectiles disparados por las fuerzas de seguridad. Según el Ministerio de Salud, entre el 21 y el 26 de noviembre, al menos 36 manifestantes y cuatro miembros de las fuerzas de seguridad sufrieron heridas que requirieron hospitalización", se lee en el texto publicado por la ONU.
Allí igualmente, retratan que durante esas protestas algunos agentes de la Policía, "perpetraron actos que podrían equivaler a malos tratos y tortura de manifestantes, incluidos los forzados a cumplir con las normas y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza".
Anteriormente, el ACNUDH había documentado lo que ocurrió en Bogotá por un agente del Esmad que armado con un rifle de calibre 12 cargado con una munición tipo bean bag disparó hacia el joven Dilan Cruz que murió días después producto de ese impacto que recibió en su cabeza.
"Durante el curso de las protestas, algunos agentes de policía también perpetraron actos que podrían equivaler a malos tratos y torturas a manifestantes, incluyendo desnudos forzados, amenazas de muerte con matices racistas y golpes repetidos", dice la organización.
Por todo lo anterior la Oficina para los Derechos Humanos, "insta al Estado a iniciar investigaciones exhaustivas, independientes y efectivas sobre los casos de presunto uso excesivo de la fuerza por parte de ESMAD durante las recientes protestas sociales".
Igualmente le exigió una transformación profunda de este grupo policial, incluida la revisión de protocolos sobre el uso de la fuerza y armas y municiones menos letales, para garantizar el cumplimiento de las normas y estándares internacionales.
