Las polémicas en torno a el reciente borrador del proyecto de ley conocido por el sector de las aplicaciones de transporte generó una alerta para los trabajadores de este gremio, esto debido a las implicaciones que tendría tener un vehículo con estos servicios que incurriría desde desmovilización de carros hasta multas millonarias.
Frente a esto, José Daniel López, representante de Alianza In, el gremio de las aplicaciones de transporte en Colombia, habló en Kienyke.com sobre las actuales propuestas que se filtraron y que estarían preocupando a los trabajadores que ofrecen servicios por estas aplicaciones.
“El proyecto de ley ordena el bloqueo de las aplicaciones, si esto se llega a aprobar no se podrían brindar servicios en Colombia, esto significa que 100 mil colombianos que en medio de la adversidad y las dificultades económicas que tenemos, este proyecto los dejaría sin trabajo. No contentos con esto, tendrían inmovilización de vehículos hasta de tres meses en caso de ser encontrados ofreciendo estos servicios”, dijo López.
Lo que se planea desde el borrador del proyecto propone que se bloquee desde internet el funcionamiento de dichas aplicaciones de transporte, lo cual, generaría la prohibición de la prestación de estos servicios, esto tendría series implicaciones según el representante de este gremio.
“Vamos a sentarnos en una mesa de diálogo con los conductores de plataformas en el ministerio de Transporte, el miércoles 1 de febrero a las 4:30 p.m. vamos a proponer pasar de ese enfoque prohibicionista a un enfoque para que la gente que vive de esto pueda trabajar tranquilo”, dijo el funcionario.
En el borrador del proyecto se específica que cuando se incurra en esta conducta, aplicará una multa superior a los 21 millones de pesos (500 UVT) para operadores, administradores y agentes del medio de comercio electrónico o plataforma. Además, para los dueños de la aplicación, dígase Uber, Didi o similares, esa multa podría ser hasta de 2.5 mil millones de pesos (6 mil UVT).
No obstante, lo más polémico tiene que ver con las multas y sanciones para conductores y usuarios, a los que se les podría llegar a cobrar hasta $10’603.000 simplemente por utilizar la aplicación. De hecho esta sanción también aplicaría para establecimientos de comercio que sirvan como intermediarios de este servicio, quienes no cumplan con normas de transporte de mercancías y un largo etcétera.
Entre las peticiones que llevará López al ministro de Transporte serán cómo garantizar el trabajo a las personas que se dedican a estos servicios, revisar los modelos de regulación para las plataformas de transporte y poner sobre la mesa la necesidad de este transporte en el país.
