A dos meses del plazo límite para conocer si la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez será confirmada o revocada, el Consejo Superior de la Judicatura decidió intervenir de manera estratégica en el funcionamiento del Tribunal Superior de Bogotá. A través de un acuerdo expedido el 6 de agosto, la entidad designará tres magistrados adjuntos que asumirán procesos distintos al del exmandatario, con el fin de liberar la agenda de la Sala Penal que estudia su apelación.
Lea también: Defensa de Uribe radicó una tutela para tumbar la detención domiciliaria
La decisión busca que los magistrados titulares, Manuel Antonio Merchán, Alexandra Ossa y Leonor Oviedo, puedan concentrarse exclusivamente en el análisis del fallo de primera instancia, que impuso a Uribe una condena de 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno.
Más allá del apoyo administrativo, la medida refleja el carácter excepcional del caso.
El Consejo justificó la designación de magistrados adjuntos citando la "complejidad, el impacto y los tiempos procesales" del expediente. Y no es para menos: el tribunal tiene hasta el 8 de octubre para decidir si ratifica la condena o le da la razón a la defensa, que insiste en que hubo irregularidades probatorias y violación del debido proceso.
Mientras tanto, los tres nuevos magistrados cubrirán el resto de la carga judicial de la sala penal, permitiendo que sus titulares trabajen sin interrupciones en una decisión que, sin duda, marcará un hito en la historia judicial y política del país.
Uribe es el primer expresidente colombiano condenado por la justicia ordinaria, y su proceso ha tenido implicaciones que trascienden lo jurídico. Desde el inicio, ha estado marcado por tensiones políticas, cobertura mediática intensa y una fuerte polarización pública.
