Un juez de Arauca ordenó suspender los bombardeos contra grupos armados ilegales en ese departamento hasta que el Gobierno ajuste sus protocolos de operación aérea. La decisión busca reforzar la protección de niños, niñas y adolescentes que puedan estar en estructuras armadas por reclutamiento forzado.
La orden judicial
El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Arauca concedió una tutela presentada por la Personería Municipal de Puerto Rondón y ordenó suspender los bombardeos contra estructuras de grupos armados organizados en el departamento. La medida estará vigente mientras se revisan y modifican los protocolos de operaciones aéreas para reducir el riesgo sobre menores de edad vinculados o utilizados por grupos ilegales.
La decisión cobija al presidente Gustavo Petro, en su condición de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, al ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y al comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, general Carlos Fernando Silva. El despacho les dio un plazo máximo de dos meses para ajustar los procedimientos de planeación y ejecución de ataques estratégicos, interdicción aire-tierra y apoyo aéreo cercano.
Según el fallo, antes de autorizar una operación de este tipo deberán agotarse medidas de inteligencia, verificación y análisis operativo que permitan identificar la posible presencia de menores dentro de los grupos armados ilegales. La tutela fue presentada por el personero de Puerto Rondón, Óscar Fernando Vanegas Ávila, quien pidió protocolos acordes con el Derecho Internacional Humanitario y con la protección reforzada de la niñez.
¿Por qué el caso llega ahora?
El fallo se conoce en medio de una discusión nacional sobre el uso de bombardeos contra disidencias de las FARC y otros grupos armados. El 4 de junio, Petro ordenó una operación en Guaviare contra estructuras de las disidencias lideradas por Néstor Gregorio Vera, alias ‘Iván Mordisco’, después de enfrentamientos entre facciones en los que fueron hallados 48 cadáveres, entre ellos al menos 11 menores de edad, según Medicina Legal.
La preocupación por la presencia de menores en escenarios de combate también tiene un contexto más amplio. UNICEF informó en febrero de 2026 que los casos verificados por Naciones Unidas de reclutamiento y uso de niños por grupos armados en Colombia aumentaron un 300 % en los últimos cinco años. La organización señaló además que, según las cifras de 2024, en promedio un niño o niña fue reclutado o utilizado cada 20 horas en el país.
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En Arauca operan el ELN y disidencias de las antiguas FARC, en medio de disputas por corredores estratégicos asociados al narcotráfico, el contrabando y el control territorial. Por eso, la orden judicial no elimina la actividad militar en el departamento, pero sí limita temporalmente el uso de bombardeos hasta que las autoridades incorporen los ajustes exigidos.
La decisión también vincula a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que deberán acompañar y verificar el cumplimiento de las medidas. Si el fallo es impugnado, el caso seguirá su trámite judicial; si no, las entidades deberán avanzar en los ajustes dentro del plazo fijado por el juzgado.
