La controversia entre Ecopetrol y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha escalado rápidamente, luego de que la entidad tributaria exigiera el pago de 9,4 billones de pesos por concepto de IVA no declarado sobre combustibles importados entre 2022 y 2024.
La cifra podría aumentar hasta los 22 billones si se incluyen otros productos como el ACPM. El anuncio ha generado un terremoto financiero dentro de la empresa estatal y ha abierto un debate jurídico, político y económico de gran envergadura.
¿De qué se trata el cobro?
Según la Dian, Ecopetrol habría incurrido en omisiones tributarias relacionadas con la importación y venta de combustibles, al no aplicar correctamente el Impuesto al Valor Agregado (IVA) conforme lo estipula el Estatuto Tributario. El argumento central de la entidad es que dichos productos no cumplen las condiciones para ser considerados exentos o excluidos, especialmente cuando terminan comercializados dentro del país o se exportan sin la debida documentación de soporte.
El concepto jurídico en el que se basa el cobro establece que el ingreso de combustibles al territorio nacional genera automáticamente una obligación tributaria, salvo que se destinen exclusivamente a exportación debidamente sustentada. La Dian considera que Ecopetrol no ha cumplido con los requisitos necesarios para justificar la no causación del impuesto, por lo que exige el pago retroactivo de lo que considera un “IVA omitido”.
Reacciones desde Ecopetrol y el sindicato USO
La medida ha sido calificada como un “golpe financiero sin precedentes” por parte del sindicato Unión Sindical Obrera (USO), que representa a los trabajadores del sector petrolero. En su pronunciamiento, la USO acusó a la Dian de interpretar “de forma sesgada” el Estatuto Tributario y de asumir competencias que corresponden exclusivamente al Congreso, como la creación de nuevos tributos o la modificación de las cargas fiscales existentes.
Desde Ecopetrol, aunque no se ha emitido un pronunciamiento oficial, fuentes internas confirmaron que la empresa está evaluando las implicaciones legales del requerimiento y ha iniciado consultas con el Ministerio de Hacienda. También se estudia la posibilidad de llevar el caso ante instancias judiciales si no se logra un acuerdo con la autoridad tributaria.
Implicaciones para la compañía y el país
El pago de una suma tan elevada no solo pondría en aprietos las finanzas de Ecopetrol, sino que también tendría efectos directos sobre su capacidad de inversión, exploración y operación. Desde la USO se advierte que esta medida podría traducirse en recortes de personal, suspensión de proyectos estratégicos e incluso afectar el precio de los combustibles en el mercado nacional.
Para el Gobierno, sin embargo, el cobro representa una vía para fortalecer las finanzas públicas en un contexto de creciente déficit fiscal. Varios sectores oficialistas han respaldado la decisión de la Dian, señalando que es necesario poner orden en las cuentas tributarias de las grandes empresas, incluso si se trata de una compañía estatal como Ecopetrol.
¿Qué sigue en esta disputa?
La situación está lejos de resolverse. Ecopetrol tiene la opción de acatar el cobro, iniciar una defensa administrativa o llevar el caso a los tribunales. En paralelo, la Dian también se prepara para enfrentar posibles recursos legales de la empresa. Lo cierto es que el caso marcará un precedente sobre cómo se aplica el IVA a productos estratégicos como los combustibles importados.
Este episodio ocurre justo cuando la Dian ha estado anunciando cambios en el proceso de facturación electrónica y alivios tributarios para deudores menores, lo que genera un contraste notable en su tratamiento hacia contribuyentes pequeños y grandes corporaciones.
En definitiva, el pulso entre Ecopetrol y la Dian no solo pone en juego miles de millones de pesos, sino que también abre un debate más amplio sobre la equidad fiscal, el papel del Estado como empresario y el respeto a los procedimientos legales en la aplicación de impuestos.
