España, cuarto país de la Unión Europea, pasa en este momento por una difícil encrucijada. Nuevamente la corrupción política pone a esta sociedad ente el espejo de una realidad que, sin ser de sus exclusividad, necesita un correctivo. El país que incorporó al lenguaje nacional ya desde el siglo pasado, términos como estraperlo o caciquismo y en el que a todo mundo le suenan familiares palabras que identifican decenas de nombres (Gal, Filesa, Gurtel, Bárcenas…) como casos gravísimos de corrupción política busca en este momento nombre para el cúmulo de inmundicia que aparece a diario en los medios ligada al partido hoy gobernante, el Partido Socialista.
A esta situación se suma la dificultad de abordar el tema con objetividad en un contexto social marcado por una profunda polarización. En España, el voto reactivo —ese que elige gobernantes no tanto por convicción, sino por rechazo al adversario— ha convertido el debate político en un campo minado, donde cualquier crítica parece situar automáticamente al emisor en el rincón de los apestados. Señalar los escándalos que hoy emergen de las cloacas del Partido Socialista supone, para muchos, comprar todos los números de una lotería cuyo premio es la descalificación inmediata: ser tachado de fascista, o “facha”, como se dice popularmente. Esta dinámica empobrece el debate público y dificulta la regeneración democrática que, precisamente, la sociedad reclama con urgencia.
La magnitud de los escándalos que están saliendo a la luz bajo el gobierno de Pedro Sánchez pone en jaque no solo la estabilidad económica, social y política de España, sino también la supervivencia misma del Partido Socialista. Resulta paradójico que una formación que fue protagonista indiscutible de la transición democrática y que contribuyó decisivamente a la modernización y el bienestar del país, se vea ahora amenazada por prácticas que socavan su propia legitimidad. Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparency International, España ha retrocedido posiciones en los últimos años, lo que refleja una creciente preocupación por la falta de integridad en la vida pública.
El deterioro de la confianza pública no solo erosiona la reputación del partido, sino que debilita la credibilidad de las instituciones en un momento en el que la sociedad española demanda transparencia y responsabilidad. Lo que está en juego, más allá de siglas y colores, es la calidad de la democracia y la imagen internacional de España, cada vez más expuesta a la lupa crítica de los medios globales
Esta semana, el diario londinense The Times publicó una columna editorial en la que pedía la dimisión de Pedro Sánchez, a quien apodó “Señor Teflón”. Es cierto que este periódico no es el oráculo de Delfos y que no es la primera vez que reclama la retirada de un líder de izquierdas en Europa, pero su opinión tiene peso en muchas cancillerías y contribuye a moldear la percepción internacional de España. El calificativo elegido para describir a Sánchez no podría ser más acertado: remite a su capacidad para sortear escándalos y controversias sin que le afecten políticamente. Por ahora.
Después de más de cuarenta días evitando comparecer ante la prensa, y tras verse forzado a prescindir de Santos Cerdán, su hombre de confianza en el partido, Pedro Sánchez finalmente apareció en rueda de prensa. Todo ello mientras se acumulan no solo sospechas, sino también informes policiales y pruebas documentales sobre contrataciones irregulares y una posible financiación ilegal del partido. A esto se suma el hecho de que su esposa, su hermano y hasta el fiscal general —cuya independencia está en entredicho— figuran como investigados.
Cuando la indecencia y zafiedad de algunos de sus colaboradores resulta ya inocultable, en su comparecencia, Sánchez recurrió a un silogismo que lo retrata por completo: vino a decir que, en estas circunstancias, debería convocar elecciones, pero no lo hará porque sabe que las perdería, y que si eso ocurriera, los españoles se verían privados del mejor gobierno desde la Transición. “Creo honestamente que este es el mejor Gobierno que ha tenido España en décadas,” fueron sus palabras textuales.
Parece fuera de toda duda que, en unas futuras elecciones, la alternativa al Partido Socialista será el Partido Popular, previsiblemente con el respaldo necesario de la ultraderecha para alcanzar el gobierno. Es fácil caer en el pesimismo —y hasta en el fatalismo— si se tiene en cuenta el también extenso historial de corrupción de los “populares”. Pero, como se suele decir en España, no hay más cera que la que arde: la sociedad tendrá que construir el futuro con los mimbres de los que dispone. Ahora más que nunca, es imprescindible confiar en el trabajo de jueces, fiscales, periodistas y ciudadanos comprometidos, que sigan exigiendo transparencia y rendición de cuentas.
España no está condenada a vivir entre demonios. Lo que realmente necesita es una ciudadanía que no se rinda ante el eslogan fácil ni ante los relatos apocalípticos. Una sociedad que exija respuestas, no solo culpables, y que no olvide que el poder, en democracia, no pertenece a los partidos, sino que es un préstamo temporal de los votantes.
