En una audiencia realizada esta semana, el adolescente señalado de disparar contra el senador Miguel Uribe Turbay durante un acto político en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá, hizo una confesión que marca un giro crucial en la investigación: le habrían ofrecido 20 millones de pesos por asesinar al congresista del Centro Democrático.
La declaración fue entregada durante la audiencia de imputación de cargos llevada a cabo el martes 10 de junio, en la que el joven, de 14 años, no aceptó los delitos de tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas, pero sí reveló detalles clave que hoy son pieza central en el trabajo de la Fiscalía para identificar a los autores intelectuales del atentado.
Según relató el menor ante la autoridad judicial, la orden fue clara: debía asesinar al senador Uribe Turbay. A cambio, recibiría 20 millones de pesos, aunque no especificó si el dinero le sería entregado en efectivo o a través de medios electrónicos. Esa ambigüedad abrió una nueva línea de investigación sobre el origen y la ruta del dinero, así como la posible participación de otros actores en la logística del crimen.
Esta confesión no solo confirma la hipótesis de que el adolescente fue instrumentalizado por una red criminal, sino que refuerza la preocupación sobre el uso de menores en atentados de alto impacto político.
Captura, judicialización e internamiento
El atentado ocurrió el pasado sábado 7 de junio, durante un evento comunitario en el que Miguel Uribe compartía con ciudadanos de la localidad de Fontibón. El adolescente se habría infiltrado entre los asistentes, disparó por la espalda contra el congresista y luego intentó huir a pie. Fue capturado en flagrancia tras un enfrentamiento con los escoltas del senador, en el que resultó herido en una pierna. Al ser detenido, tenía en su poder una pistola Glock calibre 9 milímetros.
El martes, tras la audiencia, el juez de control de garantías para adolescentes impuso una medida de internamiento preventivo en centro especializado, por lo que el menor permanece bajo estricta custodia en el búnker de la Fiscalía.
Posible colaboración y principio de oportunidad
Pese a declararse inocente de los delitos imputados, fuentes cercanas al caso señalan que el adolescente podría estar explorando la posibilidad de acogerse a un principio de oportunidad, una figura jurídica que le permitiría colaborar eficazmente con la justicia a cambio de beneficios procesales.
Sin embargo, expertos penalistas como Francisco Bernate advierten que, en el caso de menores de edad, esta figura no permite aceptar solo algunos cargos, sino que exig e una negociación total sobre todos los delitos imputados. Esto representa un reto tanto para la defensa del joven como para la Fiscalía, que busca esclarecer con rapidez quiénes fueron los determinadores del crimen.
¿Quién está detrás del atentado?
La confesión del menor ha permitido avanzar en nuevas hipótesis. La Fiscalía ya investiga la posible participación de una oficina de sicarios ubicada en la localidad de Santa Fe y analiza los registros de un vehículo y una motocicleta presuntamente usados en el desplazamiento y abandono del menor tras cometer el ataque.
Según revelaron medios nacionales, quien lo transportó hasta el lugar del atentado lo habría abandonado inmediatamente después de la agresión, lo que refuerza la teoría de que actuaba bajo las órdenes de una organización más amplia.
La reacción de la defensa de Uribe
La firma Víctor Mosquera Marín Abogados, representante legal de Miguel Uribe, celebró la legalidad del procedimiento de aprehensión y pidió a las autoridades agotar todas las herramientas legales para obtener la verdad completa. En un comunicado, enfatizaron la importancia de que el menor aporte información que permita la captura de los autores intelectuales.
“El país merece saber quién ordenó este crimen, cómo se financió y cuál era el objetivo político detrás del intento de asesinato de un senador de la República”, expresó la firma.
Lo que sigue en el proceso
El adolescente permanecerá bajo custodia en el búnker judicial durante los próximos cinco meses, tras lo cual será trasladado a un centro especializado bajo la tutela del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). En ese periodo, se espera que su testimonio contribuya a esclarecer uno de los ataques políticos más graves de los últimos años en Colombia.
La investigación continúa, ahora con nuevas pistas y con la confesión del adolescente como punto de partida para desarticular una estructura criminal que, al parecer, no dudó en utilizar a un menor para intentar silenciar a un líder político nacional.
