La Procuraduría General respaldó ante la Corte Constitucional la declaratoria de emergencia económica expedida por el Gobierno Petro tras la ola invernal de comienzos de 2026. Sin embargo, pidió tumbar apartes relacionados con el mercado de energía y el acceso a la tierra.
La Procuraduría General de la Nación le dio un respaldo parcial a la emergencia económica, social y ecológica decretada por el Gobierno nacional en febrero, luego de las lluvias e inundaciones que afectaron a varios departamentos del país. El concepto fue enviado a la Corte Constitucional, que estudia la validez del decreto y deberá tomar una decisión de fondo.
El decreto bajo revisión es el Decreto Legislativo 150 de 2026, firmado el 11 de febrero por el presidente Gustavo Petro y sus ministros. La norma declaró la emergencia en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó por un periodo de 30 días calendario. Según el propio decreto, la figura permite al Gobierno expedir medidas con fuerza de ley, siempre que estén destinadas a conjurar la crisis y evitar la extensión de sus efectos.
El aval de la Procuraduría
El procurador general, Gregorio Eljach, consideró que las lluvias excepcionales y las inundaciones registradas entre enero y febrero constituyeron hechos graves e inminentes para los territorios incluidos en la declaratoria. Según el concepto conocido por Blu Radio, para el Ministerio Público esos hechos sí justificaban el uso de facultades excepcionales por parte del Gobierno.
El documento también señala que el Ejecutivo acreditó haber informado sobre la declaratoria a la Organización de Estados Americanos y a la Organización de Naciones Unidas, un requisito exigido por la jurisprudencia constitucional para los estados de excepción.
Los puntos que pidió tumbar
El respaldo, sin embargo, no fue total. La Procuraduría pidió a la Corte declarar inexequibles los apartes relacionados con las afectaciones al Mercado de Energía Mayorista y con las problemáticas estructurales del sistema eléctrico y del acceso a la tierra.
En el caso de tierras, el Ministerio Público sostuvo que el Gobierno no demostró de qué manera los problemas históricos de tenencia requerían una respuesta inmediata para atender la emergencia climática. También cuestionó que no se hubieran identificado ni caracterizado los predios ocupados ilegalmente que habrían incidido en el desastre natural.
La discusión es relevante porque la Corte no solo revisa si hubo una calamidad, sino si cada argumento usado por el Gobierno tiene una relación directa con esa crisis. El decreto oficial reportó 65 emergencias, 61 municipios afectados, más de 252.000 personas impactadas, 10 fallecidos, daños en viviendas, vías, puentes, acueductos, centros educativos y centros de salud.
Qué sigue en la Corte
El expediente está en el despacho del magistrado Miguel Efraín Polo, quien deberá elaborar una ponencia para que sea debatida por la Sala Plena de la Corte Constitucional. Mientras tanto, el tribunal ya ha tomado decisiones sobre decretos derivados de esta emergencia, como la suspensión provisional de parte del impuesto al patrimonio para entidades sin ánimo de lucro del régimen especial y empresas en liquidación.
La decisión final de la Corte definirá si la emergencia se mantiene en los términos planteados por el Gobierno o si algunos de sus fundamentos quedan por fuera del marco constitucional.
