En un giro inesperado en el proceso de paz, el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, confirmó el lunes la reanudación de las operaciones ofensivas contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esta decisión sigue a la expiración de un cese al fuego bilateral de seis meses, que no fue renovado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
El cese al fuego, que venció el pasado sábado, había sido un componente clave en las negociaciones de paz iniciadas a finales de 2022 bajo la administración de Petro. El presidente, el primer mandatario de izquierda en la historia de Colombia, había buscado con este acuerdo avanzar hacia una paz total y poner fin a un conflicto que ha durado más de seis décadas, causando la muerte de más de 450,000 personas.
Sin embargo, el proceso de paz enfrenta serias dificultades. La reciente decisión del Gobierno de entablar diálogo con un frente de guerra separado del ELN, con el objetivo de desmovilizar a sus miembros y reincorporarlos a la sociedad, ha complicado las negociaciones. Este frente, que opera en el suroeste del país, dejó en evidencia la fractura dentro del ELN, que también ha reanudado los secuestros, un delito que había suspendido unilateralmente durante las conversaciones.
El ELN, catalogado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, cuenta con más de 6,150 integrantes, de los cuales más de 3,300 son combatientes. La organización ha sido históricamente acusada de financiarse a través de secuestros, extorsiones, narcotráfico y minería ilegal.
El Gobierno de Petro ha contado con el apoyo de varios países, incluyendo México, Noruega, Venezuela, Cuba, Brasil y Chile, como garantes en el proceso de paz. No obstante, las negociaciones han avanzado lentamente, en parte debido a la estructura de mando del ELN y a las tensiones internas dentro de sus filas.
Antes del fin del cese al fuego, el ELN había solicitado ser removido de la lista de Grupos Armados Organizados, reiterando su carácter político. Esta demanda no fue aceptada por el Gobierno, lo que contribuyó a la ruptura del acuerdo.
Paralelamente, el Gobierno de Petro está en conversaciones con otras facciones guerrilleras. Estas incluyen una parte del Estado Mayor Central (EMC), una escisión de las antiguas FARC que no se adhirió al acuerdo de paz de 2016, y la Segunda Marquetalia, una facción que también se apartó del acuerdo de paz tras alegar incumplimientos por parte del Estado.
La reanudación de las operaciones militares sugiere un nuevo desafío para las ambiciosas metas de paz del presidente Petro, en un contexto donde las negociaciones con múltiples grupos armados siguen siendo un proceso complejo y lleno de incertidumbres.
