El presidente Abelardo De La Espriella ordenó este martes 15 de septiembre al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) trasladar a 120 personas privadas de la libertad recluidas en Buenaventura hacia cárceles de máxima seguridad de otras regiones del país.
El anuncio se produjo durante la visita del mandatario a Buenaventura, donde también adelanta actividades relacionadas con la atención a las familias afectadas por el terremoto.
¿Por qué ordenaron el traslado de los presos?
De acuerdo con lo informado por el Gobierno, la medida busca impedir que integrantes de estructuras criminales continúen ejerciendo control o coordinando actividades delictivas desde los establecimientos penitenciarios.
La orden fue dirigida al director del INPEC, coronel Daniel Gutiérrez. De La Espriella señaló que los internos serán enviados a centros penitenciarios con mayores restricciones de seguridad y comunicación.
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El mandatario ha señalado en anteriores intervenciones que una de las prioridades de su política penitenciaria es evitar que las cárceles sean utilizadas como centros para coordinar actividades criminales.
¿Quiénes serán trasladados?
Las autoridades se refieren a los 120 internos como integrantes o señalados cabecillas de estructuras criminales con presencia en la región de Buenaventura.
La información conocida hasta ahora no incluye un listado completo de las personas que serán trasladadas ni detalla, de manera individual, los delitos por los que cada una permanece privada de la libertad.
Por esa razón, la identificación de los internos deberá hacerse con base en la información oficial que entregue el INPEC sobre el operativo.
¿A qué cárceles serán llevados?
El Gobierno indicó que los 120 presos serán trasladados a establecimientos penitenciarios de máxima seguridad ubicados en diferentes regiones del país.
La medida pretende aumentar las condiciones de control sobre estos internos y limitar las posibilidades de comunicación con integrantes de organizaciones criminales que permanecen en libertad.
Hasta el momento, las autoridades no han divulgado públicamente el listado definitivo de las cárceles de destino ni un cronograma detallado para completar los 120 traslados.
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¿Ya se han realizado otros traslados?
La decisión sobre los presos de Buenaventura hace parte de una serie de movimientos penitenciarios ordenados por el Gobierno durante las últimas semanas.
El pasado 25 de agosto, por ejemplo, la Presidencia informó sobre el traslado de 20 personas privadas de la libertad desde Barranquilla hacia establecimientos penitenciarios de Bogotá, con el objetivo de impedir que continuaran coordinando actividades criminales desde los centros de reclusión.
Además, este 15 de septiembre se confirmó el traslado de varios internos desde centros de reclusión del Quindío hacia establecimientos de máxima seguridad en diferentes zonas del país.
¿Qué busca el Gobierno con estas medidas?
Los traslados hacen parte de una estrategia más amplia del Gobierno para reforzar el control sobre las cárceles y reducir la capacidad de las organizaciones criminales para operar desde los centros penitenciarios.
Esta política también incluye el proyecto de construir diez megacárceles de máxima seguridad. El Gobierno ha planteado estas instalaciones como parte de su estrategia penitenciaria, aunque todavía no se han definido públicamente todas sus ubicaciones, cronogramas y costos.
Por ahora, la orden para Buenaventura establece el traslado de 120 internos. El siguiente paso será que el INPEC concrete el operativo, defina los establecimientos de destino y entregue información sobre la ejecución de la medida.
