Tras la polémica publicación de la revista Semana titulada ‘Chuzadas sin cuartel’ en la que se incluye al general (r) Nicacio Martínez, el abogado Jaime Granados, apoderado del oficial, aseguró a través de un comunicado que no existe prueba alguna que lo vincule con los espionajes ilegales de la inteligencia del Ejército.
"No existe prueba alguna que lo vincule o pueda llegar a vincularlo con estos hechos. Su actuación como Comandante del Ejército Nacional del Bicentenario, siempre se apegó a la Constitución, la Ley y a los Derechos Humanos", expresó el defensor.
Asimismo, aclaró que las supuestas interceptaciones y violaciones al derecho de la intimidad “parecen existir solo en las publicaciones de Semana”, porque no se evidencia que lo corrobore.
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Agrega que "además, ninguno de los oficiales, suboficiales y/o soldados que tuvieron alguna relación con lo narrado por Semana, han señalado algún tipo de responsabilidad del general Martínez".
Finalmente, el abogado del cuestionado general advierte que la utilización de fotos o el nombre del alto oficial solo “pretenden deslegitimar un Ejército que a diario protege, a costa de la propia vida de sus efectivos”.
La investigación ‘Chuzadas sin cuartel’
La revista Semana destapó una polémica investigación tras hechos que sucedían en la Inteligencia del Ejército y publicó una verdadera “bomba” al revelar los nombres de destacados corresponsales extranjeros, encabezado por el corresponsal en Colombia del New York Times Nick Casey, y reconocidos periodistas colombianos a quienes estaban siguiendo.
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Más de 130 personas entre ellos periodistas, exministros, funcionarios de Presidencia, generales, políticos y sindicalistas fueron víctimas de interceptaciones ilegales realizadas entre febrero y diciembre de 2019 por parte del Ejército en Colombia.
Hecho que conmocionó al país porque sería el regreso de las ejecuciones extrajudiciales o los llamados falsos positivos.
Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa advirtió que estas acciones “infringen las obligaciones del Estado colombiano en materia de libertad de prensa y son propias de regímenes autoritarios y ponen en cuestión el derecho a una sociedad informada y las garantías para el libre ejercicio del periodismo en el país”.
