Desde junio de 2025, Colombia cuenta con una nueva Ley de Salud Mental que marca un hito en la historia del sistema de salud del país. Se trata de la Ley 2460, una actualización integral a la normativa de 2013, que transforma la salud mental en un derecho fundamental y redefine la forma en que se abordan los trastornos emocionales y psicológicos a nivel nacional.
Esta legislación no solo reconoce la salud mental como una prioridad, sino que también elimina barreras históricas en el acceso a servicios especializados, exige atención sin estigmas y establece responsabilidades compartidas entre los sectores de salud, educación, trabajo y comunidad.
Un cambio necesario y urgente
La Ley 2460 nace en respuesta a una realidad preocupante: el 66,3 % de los colombianos ha experimentado algún problema de salud mental en su vida, y cerca del 20 % padece actualmente un trastorno como depresión (10,2 %) o ansiedad (12,2 %), según datos del Ministerio de Salud. Sin embargo, solo el 12 % de quienes necesitan atención ha recibido tratamiento efectivo.
A esto se suma el alarmante déficit de especialistas: apenas hay dos psiquiatras por cada 100.000 habitantes, lo cual limita enormemente la cobertura. Las largas listas de espera, la escasez de personal en zonas apartadas y la persistencia del estigma han dificultado por años el acceso a una atención oportuna.
“La salud mental ya no es un privilegio ni una opción. Es un derecho que debe garantizarse en igualdad de condiciones para todos”, enfatiza Susan Cruz Casas, directora del programa virtual de Psicología de Areandina.
¿Qué cambia con la nueva ley?
Uno de los principales avances es que los ciudadanos pueden ahora acudir directamente a un profesional en psicología sin necesidad de una remisión médica. Esta medida simplifica el acceso y reduce los tiempos de espera, previniendo que los síntomas se agraven por falta de atención temprana.
Además, se crea el Sistema Nacional de Salud Mental, una red articulada entre entidades públicas, privadas y comunitarias que busca mejorar la cobertura en todo el país. Esta estructura prioriza la contratación de personal especializado en regiones marginadas y establece atención preferente para poblaciones vulnerables como víctimas del conflicto, población carcelaria y comunidad LGBTIQ+.
Otro punto clave es la integración del enfoque de salud mental en los espacios educativos y laborales. Colegios, universidades y empresas deberán implementar estrategias de promoción del bienestar emocional, prevención del riesgo psicosocial y creación de entornos protectores para estudiantes y empleados.
Cómo ejercer sus derechos
La nueva ley no solo transforma el sistema, sino que empodera al ciudadano. Estos son algunos pasos para hacerla valer:
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Exija atención sin trabas: La salud mental es un derecho fundamental. Cualquier demora, negación o condicionamiento en la atención puede ser denunciado ante la Superintendencia de Salud.
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Acceda a consulta psicológica directa: No necesita pasar por medicina general para pedir una cita con psicología. Si su EPS se niega, tiene derecho a reclamar formalmente.
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Participe en la planeación local: Puede integrarse a los Consejos Territoriales de Salud Mental, donde se diseñan los planes y estrategias regionales.
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Conozca las rutas de atención: Toda institución de salud, educativa o laboral debe tener protocolos actualizados y disponibles para la ciudadanía.
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Ejercer veeduría ciudadana: Consulte los informes periódicos del Ministerio de Salud y del Observatorio Nacional de Salud Mental para hacer seguimiento a la calidad del servicio.
El reto: convertir la ley en realidad
Para Cruz Casas, este cambio legislativo va más allá del papel. “Es un modelo que reconoce el valor de la prevención, la atención comunitaria y el acompañamiento emocional cotidiano. Pero su impacto dependerá del compromiso de las instituciones y de una ciudadanía que exija su cumplimiento”.
La implementación de esta ley también plantea desafíos: desde la capacitación de profesionales hasta la transformación cultural en torno al estigma. Sin embargo, representa una oportunidad única para construir una sociedad más empática, equitativa y consciente del bienestar mental como parte esencial de la salud integral.
En conclusión, la Ley 2460 no solo moderniza el enfoque colombiano hacia la salud mental, sino que le otorga a cada ciudadano herramientas concretas para ejercer sus derechos. Informarse y actuar es ahora la clave para que este avance se traduzca en una mejora real de la calidad de vida para millones de colombianos.
