Carlos Mattos cumple una pena en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita donde fue trasladado tras el escándalo que se desencadenó por las constantes salidas de su anterior lugar de reclusión en la cárcel La Picota.
El empresario habría llegado a un preacuerdo con la Fiscalía para pagar cerca de 32 meses de prisión, tras aceptar que dio 100 millones de pesos a la exjueza Ligia del Carmen Hernández para beneficiarse del pleito de exclusividad de la distribución de vehículos Hyundai en Colombia.
La controversia que se dio por el comportamiento de Mattos inició tras la publicación de videos donde sale en diferentes ocasiones de la cárcel siendo escoltado por funcionarios del Inpec.
Luego de que los hechos se dieron a conocer a la opinión pública por una exclusiva de Noticias Caracol, el Gobierno Nacional decidió destituir al director del Inpec, General Mariano Botero Coy y al director de la cárcel La Picota, Coronel Wilmer Valencia por las condiciones de permisos especiales con las que gozaba el empresario.
Como medida adicional, las autoridades determinaron la necesidad de trasladar a Mattos en medio de un estricto operativo a una cárcel de máxima seguridad en Cómbita, Boyacá.
Otra de las consecuencias que se le agregaron al caso es que el viernes, 11 de marzo, el acuerdo firmado entre la Fiscalía y Carlos Mattos fue anulado por el juez 30 penal de conocimiento de Bogotá al considerar que los meses de prisión no habían sido calculados adecuadamente y los reintegros acordados habrían sido incumplidos.
Tras esto el empresario decidió incrementar su defensa contratando al abogado Omar Juan Carlos Suárez quien solicitó una reunión con la Fiscalía para hablar del preacuerdo que fue tumbado recientemente por un juez.
El empresario afirma estar dispuesto a colaborar con las indagaciones y proporcionar información en el proceso que cursa en la Fiscalía, además, resaltó su disposición para pagar el valor de la indemnización que se le exigió.
