Las autoridades detuvieron y judicializaron a varios integrantes de una red transnacional de trata de personas, integrada por policías en servicio y retirados, que captaban a mujeres colombianas para explotarlas sexualmente en Francia.
Entre los detenidos está el intendente Carlos Augusto Fernández Raigoza, el subintendente en retiro Álvaro Hernández Pérez y el particular Diego Armado Cárdenas Gaitán, quienes serían los encargados de captar a mujeres en Medellín, informó la Fiscalía en un comunicado.
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Estas tres personas se comunicaban "con los articuladores de la organización ilegal en Europa, identificados como Georges Kalliterakis, un ciudadano griego conocido como ‘León’, y el patrullero en retiro Jorge Jhovan Restrepo Lemus", según la información.
Las jóvenes eran captadas bajo ofertas de trabajo como "webcamers" en Francia, con un sueldo de 20 millones de pesos (4.800 dólares), y les pedían un video o fotografías en ropa interior que luego eran enviados a los cabecillas internacionales que daban su aval, según averiguó la Fiscalía.
Las que eran aceptadas partían en vuelos desde el Aeropuerto José María Córdoba hasta Madrid o Barcelona y de ahí las llevaban a Marsella, Niza o Montpellier, en Francia.
Las fotos y videos que habían mandado eran publicados en páginas web que ofrecían servicios sexuales, que las mujeres eran obligadas a ofrecer para pagar "una deuda que les imponían por tiquetes, manutención y otros aspectos relacionados con el viaje", alega la información.
Esta red de trata estuvo activa desde enero de 2022 hasta el pasado 7 de marzo, que fue cuando las autoridades francesas rescataron a cuatro mujeres y detuvieron a cinco de los principales articuladores, entre ellos "León" y Restrepo Lemus.
Una "mujer afectada detalló que en Marsella fue golpeada por alias 'León', obligada a tener encuentros sexuales en condiciones indignas y en contra de su voluntad, hospedada en apartamentos en medio de precarias condiciones de salubridad y sin alimentación", explicó el ente acusador.
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Gracias a los testimonios de las víctimas se pudo identificar a los miembros de la red que operaban en Colombia, que fueron detenidos en operativos en Medellín y Popayán, capital de Cauca.
Los detenidos, que no han aceptado cargos, han sido acusados de los delitos de concierto para delinquir agravado y trata de personas, y un juez los ha enviado a prisión preventiva.
