El reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ha aumentado en Colombia, según un informe de Human Rights Watch (HRW), que advierte sobre las dificultades del Estado para prevenir este fenómeno y proteger a sus víctimas.
El documento, publicado este 24 de agosto y titulado “Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá: Reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en Colombia”, analiza las dinámicas utilizadas por estos grupos para captar menores, los factores que incrementan el riesgo y las deficiencias de la respuesta institucional.
Según un análisis de datos de la Defensoría del Pueblo realizado por HRW, al menos 1.500 niños, niñas y adolescentes han sido reclutados desde 2021. Las cifras oficiales disponibles muestran, además, un fuerte aumento de los casos desde 2023.
Los grupos armados disidentes de las extintas FARC están detrás de la mayoría de los casos denunciados y más de la mitad se concentran en el Cauca. Los niños y niñas indígenas representan casi la mitad de los casos documentados, pese a que los pueblos indígenas constituyen alrededor del 4 % de la población colombiana.
Redes sociales, una nueva vía de reclutamiento
HRW identificó que los grupos armados están utilizando cada vez más las redes sociales para acercarse a niños, niñas y adolescentes. La organización revisó más de 70 cuentas y 40 publicaciones en plataformas como Facebook y TikTok.
En estos espacios se encontraron contenidos que glorifican la pertenencia a grupos armados, falsas ofertas de trabajo y mensajes dirigidos a captar nuevos integrantes. La organización también señaló que, en algunos casos, los algoritmos de las plataformas parecían favorecer la difusión de estas publicaciones.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) confirmó que ha identificado esta modalidad de reclutamiento y anunció que trabajará con plataformas digitales para enfrentarla.
“Vamos a trabajar de la mano con plataformas como TikTok, Instagram y Facebook para prevenir y bloquear contenidos que puedan poner en riesgo o vulnerar los derechos de los menores de edad en nuestro país”, afirmó Deisy Dorelly Guanaro, integrante de la Dirección General del ICBF y encargada de los asuntos relacionados con prevención del reclutamiento.
Pobreza y exclusión aumentan el riesgo
De acuerdo con HRW, los grupos armados aprovechan factores como la pobreza, la exclusión social, la violencia doméstica y las barreras de acceso a la educación para atraer a menores con promesas de dinero, poder y prestigio.
También recurren a intermediarios y reclutadores civiles, quienes pueden recibir hasta 1.000 dólares por cada niño o niña captado. En algunos casos, estas prácticas se presentan incluso en escuelas rurales.
Una vez reclutados, los menores pueden ser trasladados a otras regiones para aislarlos de sus familias y comunidades. Algunos reciben entrenamiento militar y otros son utilizados para recopilar información, actuar como mensajeros, prestar atención médica, vigilar rehenes, participar en actividades relacionadas con el narcotráfico o servir como escoltas.
Las niñas, además, están particularmente expuestas a la violencia sexual.
Una denuncia que KienyKe hizo hace 16 años
El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados no es un fenómeno nuevo. En 2010, KienyKe.com denunció en exclusiva esta grave problemática y puso en evidencia el riesgo al que estaban expuestos menores de edad en diferentes regiones del país. Hoy, 16 años después, el informe de Human Rights Watch vuelve a poner el foco sobre un delito que continúa afectando a la niñez colombiana.
ICBF pide fortalecer la prevención
El ICBF recibió con preocupación el informe de Human Rights Watch y reiteró la necesidad de fortalecer la acción conjunta del Estado y la sociedad para prevenir esta vulneración de derechos.
“Desde el ICBF vamos a fortalecer las acciones de prevención con las comunidades, organizaciones sociales y ONG para evitar que este flagelo siga afectando a nuestra niñez”, sostuvo Guanaro.
La entidad señaló que los hallazgos de HRW representan un llamado a continuar fortaleciendo y desarrollar nuevas estrategias de prevención desde los territorios, especialmente en comunidades con mayores factores de riesgo y donde la presencia de grupos armados amenaza los derechos y los proyectos de vida de niños, niñas y adolescentes.
HRW cuestiona las políticas del Estado
Human Rights Watch señaló que las políticas y estrategias gubernamentales para prevenir el reclutamiento, proteger a los menores, rescatarlos de los grupos armados y garantizar su recuperación y reintegración presentan graves deficiencias.
La política pública aprobada en 2018 está desactualizada, carece de un plan de acción claro y no cuenta con un presupuesto específico. Además, la Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA) no tendría la capacidad ni los recursos suficientes para implementar la política a nivel local.
Las autoridades departamentales y municipales también enfrentan limitaciones presupuestales y de capacidad que dejan a muchos menores sin protección.
El informe también cuestiona los resultados del sistema de justicia. Según HRW, en la última década aproximadamente el 1 % de las denuncias por reclutamiento dio lugar a una investigación penal y apenas el 0,2 % terminó en una condena, principalmente contra autores materiales y no contra los máximos responsables.
Llamado al gobierno de Abelardo De La Espriella
Ante este panorama, Human Rights Watch pidió al gobierno entrante del presidente Abelardo de la Espriella adoptar una política integral de seguridad y justicia para enfrentar el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y garantizar que las instituciones encargadas de protegerlos cuenten con los recursos y la capacidad necesarios.
La organización también planteó la necesidad de fortalecer el trabajo con organizaciones indígenas y líderes comunitarios que cumplen labores de protección en los territorios.
El llamado coincide con la posición del ICBF de reforzar las acciones preventivas desde las comunidades y desarrollar nuevas estrategias frente a las modalidades de reclutamiento que utilizan los grupos armados, incluidas aquellas que se desarrollan a través de las redes sociales.
