En medio de un contexto de creciente tensión en la frontera entre Colombia y Ecuador, el Gobierno Nacional anunció el fortalecimiento del pie de fuerza en el departamento de Nariño, junto con una estrategia integral que combina acciones militares, policiales y sociales para recuperar el control territorial.
La decisión se dio tras una Reunión Estratégica de Seguridad realizada en Ipiales, donde el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, junto a la cúpula militar y de Policía, así como autoridades locales, evaluó la situación de orden público en esta zona clave del suroccidente del país.
Como parte de las medidas, se confirmó la llegada de cerca de 500 uniformados en los próximos días. De estos, 270 pertenecerán al Ejército Nacional y 200 a la Policía Nacional, quienes serán desplegados en puntos estratégicos para combatir a los grupos armados organizados y las redes de crimen transnacional que operan en la frontera.
Uno de los ejes será el fortalecimiento de la Operación Cordillera, que ha permitido golpear estructuras logísticas y criminales. A esto se suma el incremento de las capacidades de inteligencia y de las llamadas “burbujas operativas”, con el objetivo de mejorar la efectividad de las acciones ofensivas.
En cuanto al control territorial, el Gobierno anunció el arribo de dos pelotones blindados para reforzar la vigilancia en las principales vías del departamento. Asimismo, el Gaula Militar intensificará sus operaciones en el municipio de Mallama para combatir la extorsión, al tiempo que se reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar estos delitos.
En el componente marítimo, la Armada Nacional ya desplegó la patrullera oceánica “20 de Julio”, la más grande construida en el país, que recientemente incautó cerca de 2,4 toneladas de droga en el Pacífico colombiano. Además, en los próximos días llegará una nueva patrullera de costa y se sumarán otras embarcaciones para fortalecer el control fluvial y marítimo, especialmente en los límites con Ecuador.
De manera paralela, se anunció una próxima reunión interinstitucional con entidades como Migración Colombia, el ICBF, la Policía y el Ejército, con el fin de fortalecer la presencia estatal en los pasos formales de frontera y mejorar la coordinación en materia de seguridad.
En el frente social, el Gobierno impulsará el Pacto por Nariño, una iniciativa que contempla inversiones superiores a 7,5 billones de pesos durante la próxima década en proyectos de infraestructura y desarrollo. A esto se suma el Programa Renacemos, que busca vincular a más de 14 mil familias a procesos de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos mediante incentivos productivos.
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Finalmente, las autoridades destacaron una reducción en delitos de alto impacto, como el secuestro, que ha disminuido en un 50 %, así como el desplazamiento forzado y el confinamiento, con una caída del 75 %. En lo corrido del año, además, han sido capturadas más de 2.200 personas por diferentes delitos en el departamento.
El Gobierno reiteró la importancia de la denuncia ciudadana a través de las líneas 107 y 157 como herramienta clave para avanzar en la consolidación de la seguridad en esta región fronteriza.
