El aumento del salario mínimo para el 2026 (de 23,7%, hasta cerca de dos millones de pesos con auxilio de transporte) es el más alto registrado en lo que va del siglo XXI. La intención declarada del Ejecutivo es fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores formales y dinamizar el consumo interno. Esta motivación es comprensible y legítima; sin embargo, el debate no puede limitarse al impacto inmediato, sino que debe considerar la sostenibilidad a largo plazo y la necesaria coordinación entre las políticas salarial, fiscal y monetaria.
En Colombia existe un marco técnico establecido por la Ley 278 de 1996 para la fijación del salario mínimo. Bajo esos parámetros, deben considerarse la inflación esperada, la productividad, el crecimiento económico y la contribución de los salarios al ingreso nacional. El criterio más básico sugiere que el salario crezca en línea con la inflación más la productividad.
Para 2026, eso habría implicado un ajuste cercano al 6% (5,1% de inflación y 0,9% de productividad). Incluso si se aplican conjuntamente todos los criterios previstos en la ley —incluyendo el crecimiento económico estimado en 2,9% y la contribución de los salarios al ingreso nacional de 4,46%— el resultado agregado máximo habría sido cercano al 13,6%. Es decir, aun utilizando el límite superior de los parámetros técnicos tradicionales, el aumento habría estado aproximadamente 1.000 puntos básicos por debajo del 23,7% finalmente decretado. Esto indica que el incremento aprobado no responde exclusivamente a los fundamentos contemplados en la metodología, sino que incorpora un componente distributivo adicional.
Para el conjunto de la economía, cuando los salarios crecen muy por encima de la productividad, los costos empresariales aumentan más rápido que el valor agregado generado. Ese desbalance suele ajustarse mediante mayores precios, menor contratación formal y/o mayor informalidad. Aquí es relevante recordar que solo 2,4 millones de trabajadores (alrededor del 10% de la fuerza laboral) ganan exactamente un salario mínimo, mientras que más de 11 millones reciben ingresos inferiores.
El impacto directo es, por tanto, limitado en cobertura, pero amplio en efectos indirectos, pues el salario mínimo funciona como referencia para múltiples tarifas y precios indexados, como los arriendos, servicios, seguros, aportes a la seguridad social y otros pagos regulados.
En este contexto, el Banco de la República revisó su proyección de inflación para 2026 hacia el 6,3%. De confirmarse, sería el sexto año consecutivo por encima de la meta del 3%. Más allá de la cifra puntual, la persistencia de la inflación obliga a mantener una política monetaria restrictiva. Tasas de interés más altas encarecen el crédito, moderan la inversión y afectan el consumo. Desde el frente fiscal, el aumento también tiene implicaciones en el aumento del gasto público, que podría incrementarse en alrededor de 0,3% del PIB (CARF) impulsado por los mayores salarios públicos, y pensiones indexadas, presionando un déficit ya elevado.
Es posible que el aumento genere un impulso inicial en el consumo de los hogares que reciben el salario mínimo. Sin embargo, si la inflación se acelera y las empresas ajustan sus costos reduciendo la contratación formal, ese efecto podría ser transitorio. En última instancia, la sostenibilidad del ingreso real depende menos del decreto y más de la capacidad productiva de la economía.
En un año electoral, es natural que el salario mínimo se convierta en uno de los ejes del debate público. Pero la discusión no debería centrarse únicamente en quién propone el mayor incremento nominal. El reto es más profundo: consiste en cómo sostener aumentos salariales significativos sin generar presiones inflacionarias persistentes, sin afectar el empleo formal ni sin tensionar la coordinación macroeconómica. El verdadero debate electoral no es cuánto subir el salario mínimo, sino cómo elevar la productividad para que esos incrementos sean sostenibles a lo largo del tiempo.
En última instancia, el salario puede decretarse, pero la productividad no. Esto depende de la inversión, el capital humano, la estabilidad institucional y la confianza. Sin aumentos sostenidos de productividad, los incrementos salariales muy superiores a los fundamentos terminan generando presiones que afectan precisamente a quienes se busca proteger.
La pregunta clave para los candidatos no debería ser quién promete más, sino quién ofrece una estrategia creíble para que esos aumentos sean duraderos.
Roberto Rafael Pérez Becerra
Docente Fundación Universitaria Los Libertadores
