En medio de esta pandemia del Covid-19 los gobiernos tanto nacionales como locales han optado por la tecnología para recoger información sobre los ciudadanos y poder adoptar medidas que ayuden a disminuir la propagación del virus.
Es el caso del Gobierno colombiano que desarrolló la aplicación de “CoronApp” y es por eso que la Suprintedencia de Industria y Comercio decidió vigilar cómo estas herramientas cumplen con lo estipulado en los Artículos 15 y 20 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 1581 de 2012.
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"Que la Agencia Nacional Digital y el Instituto Nacional de Salud como titulares de dicha aplicación han dado respuesta a los requerimientos de la SIC, frente a las solicitudes de información y adecuación de su aplicación, la cual es objeto de verificación de esta Autoridad", señaló la entidad.
Asimismo tras una revisión y análisis de la Política de Tratamiento de Información (PTI) publicada por la Alcaldía Mayor de Bogotá en la página web www.bogota.gov.co/bogota-cuidadora sobre su aplicación “GABO”, se requirió a alcaldesa Claudia López.
La SIC pide respuesta a once requerimientos con miras a establecer si el mencionado sitio web y aplicación cumplen la regulación colombiana relativa a la recolección y tratamiento de datos personales y si han implementado el principio de responsabilidad demostrada (Accountability) en esa materia (artículos 26 y 27 del Decreto 1377 de 2013 incorporado en el Decreto 1074 de 2015).
El pasado 22 de mayo de 2020 también se requirió a la Alcaldía de Medellín, con el fin de que allegará respuesta a las solicitudes planteadas por esta Autoridad en relación con su plataforma “Medellín me Cuida – Familias” (www.medellín.gov.co/medellinmecuida).
En el caso de la plataforma “CaliValleCorona”, cuyos titulares son la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Santiago de Cali y la Cámara de Comercio de Cali, la SIC también adelanta un análisis técnico.
Para la Superindustria el derecho de habeas data es un derecho fundamental en Colombia, "y las actuaciones de las entidades de derecho público sobre esta materia son investigadas por la SIC con el fin de determinar si existen responsabilidades, las cuales son consideradas disciplinarias por lo que cualquier hallazgo será remitido a la Procuraduría General de la Nación".
Durante lo corrido de 2020 la SIC ha abierto 17 investigaciones sancionadoras, ha impuesto ocho sanciones por $837.155.949 y ha emitido 444 órdenes relacionadas con la protección de datos.