El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la responsabilidad de la Policía Nacional por la muerte de Dilan Mauricio Cruz Medina, quien recibió un impacto en la cabeza con una munición denominada "bean bag" durante una protesta realizada en Bogotá en noviembre de 2019.
Esta acción fue calificada por el Tribunal como una grave violación de los derechos humanos por parte del entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).
Falla en el servicio por el uso de la fuerza
El Tribunal determinó que hubo una actuación irregular de la Policía por el uso de una munición, a pesar de que esta estaba catalogada como “menos letal”.
De acuerdo con la sentencia, la institución no explicó de forma adecuada a los uniformados que el arma "bean bag" también podía causar heridas mortales. Esta falta de información impidió que los agentes evaluaran correctamente los principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad antes de emplear la fuerza.
Las pruebas tampoco demostraron que se hubiera presentado una situación de violencia que justificara utilizar un arma con capacidad de provocar lesiones mortales.
Dilan Cruz ejercía su derecho a la protesta
Por otro lado, la corporación sostuvo que Cruz se encontraba ejerciendo legítimamente su derecho constitucional a la protesta y también señaló que el hecho de haber devuelto gases lacrimógenos lanzados por el ESMAD no autorizaba el uso de una munición potencialmente letal en su contra.
Además, el Tribunal descartó que el joven hubiera contribuido a su propia muerte y rechazó la existencia de una concurrencia de culpas.
Debido a que el caso fue considerado una grave vulneración de los derechos humanos, la corporación incrementó las indemnizaciones por perjuicios morales reconocidas a sus familiares.
Policía deberá pedir disculpas públicas
Como medida de reparación, la justicia ordenó al comandante de la Policía Nacional realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad institucional y pedir disculpas a la familia de Dilan Cruz.
El Tribunal reiteró que la participación en una manifestación pacífica no puede justificar que las autoridades vulneren derechos fundamentales como la vida y la dignidad humana.
