Las funciones de la veedurías ciudadanas han quedado en tela de juicio luego de que la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común, en nombre de su presidente Henry Antonio Anaya Arango, haya tenido que rectificar públicamente una denuncia contra la Tecnológica Indra en el proceso de licitación para implementar el Sistema Integrado Único de Gestión Judicial (SIUGI) en el Consejo Superior de la Judicatura.
En el mes de abril Henry Anaya manifestó que la empresa española estaba presuntamente inhabilitada para contratar en Colombia y España, por ser parte de un supuesto cartel de contratación y estar involucrada en presuntos casos de corrupción.
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Tras conocerse dichas acusaciones, la multinacional española emprendió acciones legales contra el veedor Henry Anaya por injuria y calumnia ante la Fiscalía General de la Nación. Siendo así, el pasado 28 de septiembre el veedor presentó una retractación y un pedido de disculpas por sus acusaciones sin fundamento en contra de Indra.
“RECTIFICO toda la información que hice pública respecto de la Multinacional INDRA, aclarando que, como presidente de la Veeduría Ciudadana “Bien Común”, en ningún momento corroboré, verifiqué o confirmé las afirmaciones obtenidas y realizadas ante el Consejo Superior de la Judicatura, ante los medios de comunicación y de la opinión pública. Que no me consta personalmente ninguna de estas afirmaciones. Que no he corroborado ni me costa, que la Multinacional Indra tuviera inhabilidades para contratar en Colombia o España, ni que la Multinacional Indra hiciera parte de un cartel de contratación o que existiera una sanción en firme en su contra. Tampoco me consta que existiera algún tipo de favorecimiento a la Multinacional Indra en los procesos contractuales en que ha intervenido, o que estuviera implicada en actos de corrupción”, aseguró a través de un comunicado el veedor Henry Anaya.
“Como representante legal de la Veeduría Bien Común, y en nombre propio, ofrezco disculpas públicas por las declaraciones realizadas que pudieron afectar el nombre de la multinacional INDRA y la deslegitimación de un proceso contractual de interés nacional”, agrega.
KienyKe.com habló con el veedor Henry Anaya, quien participó en la licitación que involucró a Indra y, además, tuvo que retractarse de sus acusaciones.
“Creíamos que técnicamente la empresa había cometido unos errores que conllevaban a que lo descalificaran por experiencia y demás, al vincular a los mismos procesos a empresas matrices. Era una empresa que en su casa matriz había sido sancionada en España en el tema de una investigación de la Comisión Nacional de Mercados, esta Comisión investigó durante algunos años en España y encontró que algunas empresas habían participado en un cartel de licitaciones para el tema ferroviario, su resultado fue que la sancionan”, señaló Anaya.
Aunque, según él, la información es veraz, no tuvo en cuenta información detallada de los procesos de la empresa en España. Asimismo, aseguró que todas las personas involucradas en la vigilancia de la función pública se arriesgan a procesos de retractación.
“Los documentos se vieron, la información es veraz, pero ellos tenían una argumentación en el entendido en que esas decisiones en España las habían demandado. Por lo tanto, son situaciones que se habían suspendido, situación que yo no conocía, que no tenía el alcance para averiguar; primero, porque era en el extranjero; segundo porque posee información demasiado detallada que no aparece. Por lo tanto llegamos al acuerdo que yo aclaraba el alcance de eso y que informaba que nunca expuse que fuera una entidad corrupta”.
¿Para qué sirven las Veedurías?
Las Veedurías fueron reglamentadas a través de la Ley 850 de 2003 como mecanismo democrático para que los ciudadanos y organizaciones sociales ejerzan vigilancia sobre la gestión pública, privada y sus respectivas autoridades.
En ese sentido, cualquier ciudadano puede conformar una veeduría a través de la realización de una asamblea de constitución, la suscripción de un acta con los objetivos y sus integrantes, y también inscribirla ante la Cámara de Comercio o la Personería Municipal.
Sin embargo, varios acontecimientos han dejado algunas dudas sobre el funcionamiento y las intenciones de las veedurías ciudadanas que tienen presencia en todo el país y se han organizado a través de redes a nivel nacional. Sumado al caso de retractación antes mencionado, en los últimos meses las Veedurías han sido cuestionadas por demandar actuaciones en partidos de fútbol de la Selección Colombia. El hecho más reciente se registró tras una polémica jugada en la que el árbitro argentino Néstor Pitana toca el balón previo a un gol de Brasil ante la Selección Colombia en un partido por Copa América. Esto llevó a que La Red de Veedurías Ciudadanas presentara una tutela contra la Conmebol en la que pidió que se anule el partido realizado el pasado 23 de junio alegando "la vulneración de los derechos de debido proceso, a la igualdad, a la cultura y deporte, confianza legítima, buena fe, entre otros".
En diálogo con KienyKe.com, Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas de Colombia, justificó dicha tutela aduciendo su preocupación por la legalidad en estos ámbitos.
“No vemos en eso muy ninguna diferencia entre lo que ocurre con el sector público y el sector privado, lo que hacemos como veedores es procurar el respeto de la integridad y la totalidad de la reglas, la que nos lleva a buscar mecanismos participativos y pacíficos”, señaló Pablo Bustos.
“Nosotros vemos que la forma de hacer respetar esos derechos es a través de un mecanismo que ampara esos derechos fundamentales, que es la acción de tutela. Nosotros demandamos un partido de fútbol porque encontramos allí un principio ético que hay que resguardar en la sociedad, y es el respeto a las reglas y el juego limpio particularmente en esos escenarios porque es un tema que no solamente es legal sino también ético”, agregó.
Asimismo, Bustos argumenta la lucha por la legalidad en otras demandas tras eventos deportivos, como la pelea de Yuberjen Martínez ante el japonés Ryomei Tanaka en los Juegos Olimpicos de Tokio.
“No hay nada que esté por fuera del mundo del derecho, el Estado derecho y de los derechos humanos en Colombia y hay unos mecanismos para hacerlos respetar”, argumenta.
Pero más allá del deporte, Pablo Bustos menciona la intervención de las veedurías en denuncias como el Proceso 8.000, el escándalo de Chambacú y Dragacol, la corrupción del Cartel de la Contratación en Bogotá, entre otras.
En ese sentido, destaca la rigurosidad en las investigaciones y acusaciones de la Red de Veedurías que preside hace 25 años.
“Hemos tenido el cuidado interdisciplinario y rigor en nuestras investigaciones. El juicio en las afirmaciones que se hacen, respeto a la presunción de inocencia y del debido proceso”, afirma.
Sin embargo, advierte la falta de rigurosidad de algunos veedores en el país que actúan de manera tendenciosa.
“No pocos de veedores en el país han pasado, no solamente por tener que rectificar, sino algunos han sido condenados por injuria y calumnia o por falsa denuncia, toda vez que no han acompañado de los mínimos de ley, las aseveraciones que han hecho son totalmente tendenciosas”.
El mismo Henry Antonio Anaya Arango, de la Red de veedurías Bien Común, hizo parte de la Red de Veedurías de Pablo Bustos como colaborador en algunas investigaciones. Actualmente, tiene su propia Red de Veedurías y desde allí realizó la falsa acusación contra Indra de la que posteriormente tuvo que retractarse.
Cabe recordar, además, que Henry Anaya fue registrador especial de Barrancabermeja, de dónde fue expulsado en el año 2008 por supuestamente hacerse pasar por funcionario de la Corte Suprema de Justicia para ofrecer supuestos beneficios a paramilitares que estaban encarcelados. Al ser consultado sobre dichos señalamientos, el veedor negó de manera tajante las acusaciones.
“No es cierto nada de lo que se dijo, al contrario, fui una víctima en su momento porque se descubrió y se determinó que fue un montaje. Tan no es cierto que 10 años después todos los que participaron en ese montaje fueron imputados por la Fiscalía y hoy llevados a juicio y con sentencia de jueces de la República”.
