Los esfuerzos institucionales para frenar los diferentes tipos de violencia en contra de la comunidad LGBTIQ+ no han sido suficientes. La discriminación, ataques, señalamientos, amenazas y asesinatos contra estas personas siguen perpetrándose en todo el territorio nacional.
Brandy Carolina Brown, mujer trans, Sugey Guerra, mujer lesbiana, Alfredo Cassiani, hombre gay, son las más recientes víctimas. Organizaciones como Colombia Diversa han reportado que por lo menos 26 personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ han sido asesinadas en lo corrido de este 2020, 15 de ellas durante la cuarentena decretada para evitar la propagación del Covid-19.
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Entre 2013 y 2019 fueron asesinadas 710 personas LGBTIQ+. Colombia Diversa señala que por lo menos 243 corresponden a homicidios motivados por el prejuicio hacia la orientación sexual o la identidad de género de las víctimas.
Durante el mismo periodo, entre 2013 y 2019, se registraron 515 hechos de violencia policial y en lo que va de 2020 se han registrado otros cinco. La organización indica que la mayoría corresponde a vulneraciones a la vida e integridad: 320 agresiones físicas, 16 actos de tortura, 3 ejecuciones extrajudiciales y 3 tentativas de homicidio.
Según Colombia Diversa, por lo general, las investigaciones por estos crímenes no avanzan y los responsables no son identificados ni sancionados por las autoridades competentes.
No existe un verdadero acceso a la justicia
Luis Eduardo Fernández, abogado de Colombia Diversa, le dijo a KienyKe.com que al país le falta trabajar en el reconocimiento de los derechos y el respeto por la vida de las personas de la comunidad LGBT, sobretodo, a nivel territorial.
Aseguró que muchas veces estas personas prefieren guardar silencio cuando sufren algún tipo de violencia y no se acercan a la justicia para no ser discriminadas. Según dijo, muchos consideran que puede haber un rechazo por su orientación, identidad y formas de expresión.
“Algunos funcionarios judiciales tienen en cuenta sus propios prejuicios para determinar quién tiene derecho, a quién se le cree, si su testimonio es valioso, a quién proteger y a quién no. Ese prejuicio que se expresa dentro de la justicia termina siendo una vulneración para los miembros de la comunidad LGBT. Eso crea miedo y silencio en las víctimas y tiene como consecuencia la impunidad”, afirmó.
Fernández mencionó que como muchos tipos de violencia contra miembros de la LGBT no están registrados, los funcionarios piensan que estos actos no están ocurriendo realmente en los territorios.
“Como ellos no conocen los casos dicen que no está pasando nada. Muchas veces creen que porque las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales no acuden a la justicia, es porque no sufren ningún acto de agresión o discriminación. Hay una idea errada de la realidad en la que vivimos”, indicó.
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El abogado mencionó que, por otro lado, a la Fiscalía le hace falta mayor celeridad y profundidad en las investigaciones cuando se trata de casos de violencia contra la comunidad LGBT.
Señaló que, incluso, en algunos casos hay errores en la tipificación de los delitos cometidos en su contra, como por ejemplo cuando no se registran actos de discriminación, hostigamientos y feminicidios contra mujeres trans.
“Muchas veces tienden a investigar sobre un delito que no corresponde a los hechos verdaderos. Eso implica errores en el avance procesal de los casos. También preocupa el recrudecimiento de la violencia en territorios como Cauca, Nariño y la Costa, donde amenazan permanentemente a personas LGBTI que ejercen liderazgos o algún tipo de ayuda social”, resaltó.
Fernández finalizó diciendo que es importante que los funcionarios sean conscientes de la violencia por prejuicio como categoría analítica de los casos.
Además, mencionó que hay que reforzar el trabajo institucional y la pedagogía sobre la importancia de reconocer los derechos de las personas LGBT, cómo pueden reclamarlos y que, en caso tal de que haya agresiones, que la Fiscalía investigue de manera oportuna y eficaz para que no haya lugar a la impunidad.
