En la mañana de este martes 28 de abril, se conoció que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia definió la situación jurídica del general en retiro Mauricio Santoyo Velasco, y le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario por su presunta responsabilidad en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Según en el comunicado, "en el curso de las investigaciones se constató que el exoficial constituyó un patrimonio de $6.193’415.576 que, en parte, sería producto de dineros que habría recibido de los desmovilizados grupos de autodefensa, mientras estuvo vinculado a la Policía Nacional entre 1999 y 2009".
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El general Santoyo terminó de pagar en 2019 los seis años a los que fue condenado en Estados Unidos por la colaboración con grupos paramilitares y conspirar para el tráfico de narcóticos con el clan criminal conocido como 'La Oficina de Envigado'.
Testimonios obtenidos en el marco de la Ley de Justicia y Paz, los cuales fueron verificados, permitieron conocer que la organización narcotraficante ‘La Oficina’ y cabecillas del entonces AUC, supuestamente, le pagaron a Santoyo Velasco para que lograra dejar en libertad a integrantes de esas estructuras y los alertara sobre los movimientos y operativos de la fuerza pública.
Por estos favores ilícitos, el general en retiro habría recibido en su momento más de 1.700 millones de pesos. Es importante resaltar que los bienes del exoficial y núcleo familiar, y sus empresas, fueron objeto de medidas cautelares por parte de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio.
Santoyo desde que llegó al país el año pasado permanece privado de la libertad por disposición de un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos que lo vinculó a un proceso por desaparición forzada y otros delitos.
El exgeneral también ha sido mencionado en el crimen del periodista Jaime Garzón, por testimonios de paramilitares. Según declaró la Fiscalía en 2015, Santoyo presuntamente comandó una estrategia para desviar la investigación, junto a funcionarios del DAS, y evitar la captura de los miembros de La Terraza, que ejecutaron el crimen y trabajaban para Carlos Castaño.
