La empresaria Alexandra Garcés, con terquedad de mula y sobradez intelectual indoblegable, quien afirma que la están robando con la complicidad de la administración de justicia, acudirá a instancias internacionales para que vigilen su proceso.
El asunto, fruto -según la prensa local- de desacuerdos, herencias y guerras de poder entre familiares, incluida la separación del matrimonio que Garcés mantuvo durante trece años con el exministro de Hacienda Antonio Urdinola, viene tomando ribetes altamente preocupantes y afecta a familias de renombre del Valle del Cauca.
Esta semana que termina fue aplazada por enésima vez una audiencia para tomar definiciones sobre el tema, bien amargo en una industria tan dulce.
El drama de la señora Garcés data de 2009, cuando su padre -afectado por un cáncer pulmonar- le entrega el manejo de Invercauca. Y conociendo su carácter recio y preparación académica, no había duda del éxito económico y empresarial.
Muerto el padre, vino la tormenta. Aparecieron demandas civiles y penales dirigidas a cuestionar un contrato firmado en 1996 mediante el cual Invercauca se encargaba de administrar el ingenio Papayal.
También llegaron acciones violentas, según denuncias formuladas por el abogado Jaime Lombana ante autoridades y medios de comunicación.
“Se desató un pleito penal con los hermanos Rafael y Jorge Enrique González, accionistas de los ingenios Riopaila-Castilla; amenazas de muerte; toma armada de Papayal; robo y seguimiento de sus autos; chuzadas ilegales; avisos de prensa difamadores; vigilancia satelital de cada paso que daba; y colocación de chips a uno de sus perros para escuchar conversaciones y finalmente envenenarlo”.
“Embargaron ilegalmente sus bienes, le deshicieron ilegalmente la personería jurídica de todas las sociedades de su padre. Y para remate, le quitaron Invercauca”.
Garcés asegura que de manera insólita al frente de semejante historial estaría una señora de 98 años, con pérdida parcial del habla por traqueotomía, una operación cerebral, dificultad para escribir, con confusiones de identificación de personas y de tiempo.
Detrás se esconde -dice ella- un carrusel de corrupción manejado por Rafael González y su abogado Héctor Fabio Restrepo, que han logrado evadir durante cinco años el examen de medicina legal de la referida anciana, impedir la comparecencia de testigos, y dilatar el cumplimiento de las etapas procesales con aplazamientos injustificados de audiencias en más de diez ocasiones”.
