“Si no hay pruebas, nunca sucedió”. Esa es la premisa de la desaparición forzada: invisibilizar a las víctimas. En Colombia, desde 1970 hasta el año 2015, se habían registrado, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, 60.630 personas desaparecidas forzosamente en todo el territorio nacional.
Lucía Osorno y Luz Marina Hache, dos familiares de víctimas de desaparición forzada, llevan cerca de 30 años buscando a sus allegados y 13 al frente del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), no sólo reivindicando la memoria de sus familiares, sino con el objetivo de evidenciar a todas las víctimas del conflicto armado e impedir la impunidad.
Lucía Osorno lleva 28 años esperando noticias de su hermano Pedro Nel, quien fue desaparecido el 13 de mayo de 1989 en el suroeste antioqueño. Antes de su desaparición, era un líder sindical, social y político que estaba vinculado con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC).
Su hermana relata que Pedro Nel inició su interés por los temas sociales y políticos desde los 16 años, edad a la que empezó a trabajar como jornalero, porque su familia requería de ingresos para mantenerse, por haber sido desplazada a causa la violencia desde el Valle hasta Antioquia.
https://twitter.com/Movicecol/status/971098305479544838
“Fue entendiendo los niveles de explotación y se fue vinculando a un comité que se creó en Pueblo Rico, de allá somos, y a partir de ahí empezó a formarse en la lucha social por un país más equitativo”, cuenta Lucía Osorno.
Por esta lucha social, Pedro Nel fue víctima de varias acciones violentas, una de esas fue en 1983 cuando fue detenido en Ciudad Bolívar, Antioquia, por un comando del F2 que lo secuestró cerca de tres días. Lucía recuerda que ella logró contactarse con un miembro de la Procuraduría, a quien le contó de la desaparición. El funcionario se contactó con el F2, que le comprobó que lo tenían en su poder, a lo que les ordenó dejarlo en libertad en las siguientes tres horas.
El líder campesino no se dejó amedrentar por esta acción y continuó su activismo social. Al año siguiente, en 1984, en una zona de Bolívar estuvo muy cerca del estallido de una bomba que dejó a un comerciante herido y a él ileso.
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No fue sino hasta 1989 que las acciones violentas en contra de Pedro Nel lograron su cometido. El 13 de mayo de ese año, el líder se dirigía hacia la vereda Farallones en el municipio de Bolívar, Antioquia, junto a una compañera de los movimientos campesinos llamada Dora. A la entrada de la vereda, agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía los detuvo, según ha logrado establecer la familia de Pedro Nel. “Dora apareció al otro día violada, con señales de tortura y tiros de metralleta en el cuerpo. De mi hermano hasta hoy no se sabe nada”, dice Lucía Osorno.
Aunque ella y su familia recibieron amenazas por buscar a Pedro Nel, lo que le permitió a Lucía continuar con su vida y denunciar la desaparición de su hermano fue la enseñanza que le repería incansablemente: “la rebeldía ante lo injusto”. Ella trabaja ahora como secretaria y después de sus jornadas laborales saca tiempo para reunirse con otras víctimas del conflicto en el Movice.
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Foto: @Undiasoy[/caption]
“La voz de ellos somos nosotros, los familiares. Ellos mueren el día que nosotros los dejemos de buscar, el día que dejemos de pelear por los sueños de ellos, el día que uno diga ‘me rindo’, ese día ellos mueren, porque eso es lo que el Estado quiere, pero no, las familias seguimos aquí cumpliendo el sueño de ellos”, argumenta Lucía con firmeza.
La idea de la necesidad de una unión entre las víctimas de crímenes de Estado motivó a Luz Marina Hache a crear el Movice a mediados del 2003. Tiempo en el que el Gobierno de Uribe Vélez adelantaba negociaciones con los paramilitares, un proceso en el que las víctimas se sintieron excluidas.
Luz Marina no olvida que la creación del Movice era romper una promesa con Eduardo Lofesner Torres, su compañero sentimental y con quien vivía hasta el 26 de noviembre de 1986 cuando fue desaparecido forzosamente.
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Tanto Eduardo como Luz Marina pertenecían a sindicatos obreros. Eduardo como ‘todero’ de la Universidad Pedagógica en Bogotá hizo parte del sindicato de esa institución y luego, fue dirigente político en el Frente Amplio del Magdalena Medio. Luz Marina recuerda una manifestación a la que asistió en el centro de Bogotá con motivo de la creación de la Central Unitaria de Trabajadores. En esta movilización, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Asfaddes pegó carteles con el interrogante “dónde están”.
Cuando Luz Marina llegó al Parque Santander, un niño habitante de calle se le acercó y le dijo que la estaban esperando en la Plaza de Bolívar y acto seguido, le indicó un ‘santo y seña’ que Luz Marina utilizaba con Eduardo. Entonces, ella se fue para la Plaza de Bolívar, se encontró con su compañero y después de escuchar algunas intervenciones se fueron a tomar un café en una de las cuadras cercanas.
Entre muchos otros temas, la conversación llegó a la manifestación de Asfaddes. Eduardo le dijo a Luz Marina, según recuerda ella, “hoy vi lo solas que están las ‘compitas’ familiares de los desaparecidos. Prométeme, nena, que si a mí me llegan a desaparecer, tú nunca andarás por la calle con mi foto mostrando las llagas a nuestro enemigo”. Luz Marina, que sabía que Eduardo era vulnerable de ser silenciado, pero no había pensado, ni siquiera en ese momento, que fuera a ser víctima de desaparición, le afirmó la promesa.
[caption id="attachment_839238" align="alignnone" width="797"]
Foto: @Justiciaypazcol[/caption]
Eduardo estuvo en la cárcel cuatro años vinculado al robo de armas del Cantón Norte hecho por el M-19. Recobró su libertad en 1983 y se unió a Luz Marina. Ella recuerda que al salir de la cárcel su pareja no tenía zapatos porque siempre había sido desprendido de las cosas materiales. Ella, con mucho esfuerzo, le compró unas botas a los 15 días de salir de prisión.
Una semana después, Eduardo “llegó a la casa con unos ‘chagualos’, me puse muy brava y le dije: qué pasó. Él, con una sonrisa, me contestó: te acuerdas de Rafa, es que me encontré con el compañero y estaba en la mala, tenía puestos estos zapatos y cambiamos”, narra Luz Marina para describir la personalidad de Eduardo.
Como parte del trabajo sindical, ella tuvo que viajar a Santa Marta en noviembre de 1986 para entregar unos reportes salariales. Eduardo había acordado recogerla en el aeropuerto a su regreso. El 18 de noviembre, la llamó a Santa Marta y le dijo “siento pasos de animal grande”, y le contó que uno de sus compañeros había sido desaparecido y que por esa razón estaba angustiado.
“Quedó de llamarme el día 26 de noviembre porque ese día teníamos una tarea sindical. Aún estoy esperando esa llamada”, dice Luz Marina.
La desaparición de Eduardo le implicó a Luz Marina comprometerse más con la causa sindical, pero la obligó a enfrentarse sola a los desafíos de esa labor en Colombia, perder su compañía y parte de su núcleo familiar. Luz Marina y Eduardo tuvieron un hijo que para la fecha de la desaparición tenía tres años.
La única denuncia de la desaparición, en el momento, la hizo frente a Asfaddes, pero la denuncia judicial solo pudo hacerla hasta 2007 por dos razones: la promesa que había hecho con Eduardo y unas amenazas que la obligaron a salir del país y establecerse en Francia, donde conoció a amigos de Eduardo que la convencieron de dignificar el nombre de su compañero. Cabe mencionar que en Colombia la desaparición forzada solo es considerada jurídicamente desde el año 2000.
[caption id="attachment_839241" align="alignnone" width="633"]
Foto: @JamesBarreroUP[/caption]
Para Luz Marina fue difícil romper la promesa, pero ahora que mantiene la lucha contra la impunidad de este delito, denunciar le ha permitido aliviar el dolor permanente de su corazón. También cree que “fue necesario romper la promesa porque fue válido para él. Para que no se repita todo el proceso de la desaparición es necesario denunciar y hacer conocer lo que uno ha vivido”, dice Luz Marina.
El movimiento “a mí me ha permitido conocer otras víctimas y buscar otras personas, esperando algún día poder encontrar el cadáver de mi compañero”, dice Luz Marina, que junto a otras víctimas del conflicto, como Lucía Osorno, mantienen vigente el Movice como organización de reivindicación de la memoria de las víctimas.
Estos son solo dos casos de los cerca de los 6.528 que registra el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) para el periodo entre 1982 y 1990. Periodo en el que la desaparición forzada aumentó cinco veces más que en la década anterior. Un periodo, 1985 a 1987, en el que se iniciaron los diálogos con la guerrilla de las Farc en el Gobierno de Belisario Betancour, hecho que desencadenó un cese al fuego bilateral y la creación del movimiento Unión Patriótica.
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Como han establecido varios historiadores y analistas del conflicto armado, durante el proceso de paz con las Farc, en la segunda mitad de los ochenta, el Gobierno estableció controles civiles para las acciones de las Fuerzas Armadas que les redujeron los poderes judiciales e independientes, otorgados por el Estatuto de Seguridad, a este órgano militar.
Esas acciones generaron molestias al interior de las Fuerzas Armadas, desencadenando acciones clandestinas en contra de líderes sociales, activistas políticos y movimientos de izquierda, entre otras personas, para su ejecución. Según establece el CNMH, eso motivó el aumento de asesinatos selectivos y desapariciones forzadas, acciones violentas que le permitieron al Estado continuar su guerra contrainsurgente, a espaldas de la justicia. Una guerra estigmatizada contra los movimientos de izquierda.
https://twitter.com/Ccajar/status/971029874067542016
De los 444 casos de desaparición forzada que tienen descripción sobre la labor de la víctima, documentados por el CNMH, se encontró que el 72% era militante político, sindicalista o docente. Asimismo, es un delito que llegó a las ciudades, la desaparición es uno de los pocos delitos del conflicto armado en que Bogotá cuenta con gran número de casos 862 según el Grupo de Memoria Histórica.
Esto se explica porque uno de los motivos de la desaparición forzada consiste en no hacer evidente el delito frente a la sociedad, con el fin de ocultar el fenómeno de la violencia, lo cual afectaba la percepción de seguridad en las ciudades y, como explica el CNMH, evitaba manifestaciones sociales.
Para la década del ochenta, “el 62% de los casos, 2 de cada 3 desapariciones” fueron cometidas por paramilitares y miembros del Estado. Esas alianzas entre el Estado y los paramilitares, fueron hechas para que el uno tuviera un brazo ilegal y clandestino que hiciera el trabajo sucio que las limitaciones judiciales le estaban impidiendo cometer al otro.
Por la inexistente legislación sobre desaparición en este periodo, los victimarios que cometían este delito y las técnicas empleadas para desaparecer, el 92% de las víctimas continúa desaparecida y en la mayoría de los casos, tanto el perfil de la víctima como otras características de la desaparición es muy precaria.
Ni Luz Marina ni Lucía Osorno han obtenido respuesta del Estado sobre las investigaciones de sus familiares, desconocen cualquier información acerca de ellos y, por supuesto, tampoco se ha judicializado a nadie. Entonces, la incapacidad o poca disposición del Estado para resolver los casos de desaparición forzada mantiene, hasta el día de hoy, la impunidad.
Foto: @Undiasoy[/caption]
“La voz de ellos somos nosotros, los familiares. Ellos mueren el día que nosotros los dejemos de buscar, el día que dejemos de pelear por los sueños de ellos, el día que uno diga ‘me rindo’, ese día ellos mueren, porque eso es lo que el Estado quiere, pero no, las familias seguimos aquí cumpliendo el sueño de ellos”, argumenta Lucía con firmeza.
La idea de la necesidad de una unión entre las víctimas de crímenes de Estado motivó a Luz Marina Hache a crear el Movice a mediados del 2003. Tiempo en el que el Gobierno de Uribe Vélez adelantaba negociaciones con los paramilitares, un proceso en el que las víctimas se sintieron excluidas.
Luz Marina no olvida que la creación del Movice era romper una promesa con Eduardo Lofesner Torres, su compañero sentimental y con quien vivía hasta el 26 de noviembre de 1986 cuando fue desaparecido forzosamente.
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Tanto Eduardo como Luz Marina pertenecían a sindicatos obreros. Eduardo como ‘todero’ de la Universidad Pedagógica en Bogotá hizo parte del sindicato de esa institución y luego, fue dirigente político en el Frente Amplio del Magdalena Medio. Luz Marina recuerda una manifestación a la que asistió en el centro de Bogotá con motivo de la creación de la Central Unitaria de Trabajadores. En esta movilización, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Asfaddes pegó carteles con el interrogante “dónde están”.
Cuando Luz Marina llegó al Parque Santander, un niño habitante de calle se le acercó y le dijo que la estaban esperando en la Plaza de Bolívar y acto seguido, le indicó un ‘santo y seña’ que Luz Marina utilizaba con Eduardo. Entonces, ella se fue para la Plaza de Bolívar, se encontró con su compañero y después de escuchar algunas intervenciones se fueron a tomar un café en una de las cuadras cercanas.
Entre muchos otros temas, la conversación llegó a la manifestación de Asfaddes. Eduardo le dijo a Luz Marina, según recuerda ella, “hoy vi lo solas que están las ‘compitas’ familiares de los desaparecidos. Prométeme, nena, que si a mí me llegan a desaparecer, tú nunca andarás por la calle con mi foto mostrando las llagas a nuestro enemigo”. Luz Marina, que sabía que Eduardo era vulnerable de ser silenciado, pero no había pensado, ni siquiera en ese momento, que fuera a ser víctima de desaparición, le afirmó la promesa.
[caption id="attachment_839238" align="alignnone" width="797"] Foto: @Justiciaypazcol[/caption]
Eduardo estuvo en la cárcel cuatro años vinculado al robo de armas del Cantón Norte hecho por el M-19. Recobró su libertad en 1983 y se unió a Luz Marina. Ella recuerda que al salir de la cárcel su pareja no tenía zapatos porque siempre había sido desprendido de las cosas materiales. Ella, con mucho esfuerzo, le compró unas botas a los 15 días de salir de prisión.
Una semana después, Eduardo “llegó a la casa con unos ‘chagualos’, me puse muy brava y le dije: qué pasó. Él, con una sonrisa, me contestó: te acuerdas de Rafa, es que me encontré con el compañero y estaba en la mala, tenía puestos estos zapatos y cambiamos”, narra Luz Marina para describir la personalidad de Eduardo.
Como parte del trabajo sindical, ella tuvo que viajar a Santa Marta en noviembre de 1986 para entregar unos reportes salariales. Eduardo había acordado recogerla en el aeropuerto a su regreso. El 18 de noviembre, la llamó a Santa Marta y le dijo “siento pasos de animal grande”, y le contó que uno de sus compañeros había sido desaparecido y que por esa razón estaba angustiado.
“Quedó de llamarme el día 26 de noviembre porque ese día teníamos una tarea sindical. Aún estoy esperando esa llamada”, dice Luz Marina.
La desaparición de Eduardo le implicó a Luz Marina comprometerse más con la causa sindical, pero la obligó a enfrentarse sola a los desafíos de esa labor en Colombia, perder su compañía y parte de su núcleo familiar. Luz Marina y Eduardo tuvieron un hijo que para la fecha de la desaparición tenía tres años.
La única denuncia de la desaparición, en el momento, la hizo frente a Asfaddes, pero la denuncia judicial solo pudo hacerla hasta 2007 por dos razones: la promesa que había hecho con Eduardo y unas amenazas que la obligaron a salir del país y establecerse en Francia, donde conoció a amigos de Eduardo que la convencieron de dignificar el nombre de su compañero. Cabe mencionar que en Colombia la desaparición forzada solo es considerada jurídicamente desde el año 2000.
[caption id="attachment_839241" align="alignnone" width="633"] Foto: @JamesBarreroUP[/caption]
Para Luz Marina fue difícil romper la promesa, pero ahora que mantiene la lucha contra la impunidad de este delito, denunciar le ha permitido aliviar el dolor permanente de su corazón. También cree que “fue necesario romper la promesa porque fue válido para él. Para que no se repita todo el proceso de la desaparición es necesario denunciar y hacer conocer lo que uno ha vivido”, dice Luz Marina.
El movimiento “a mí me ha permitido conocer otras víctimas y buscar otras personas, esperando algún día poder encontrar el cadáver de mi compañero”, dice Luz Marina, que junto a otras víctimas del conflicto, como Lucía Osorno, mantienen vigente el Movice como organización de reivindicación de la memoria de las víctimas.
Estos son solo dos casos de los cerca de los 6.528 que registra el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) para el periodo entre 1982 y 1990. Periodo en el que la desaparición forzada aumentó cinco veces más que en la década anterior. Un periodo, 1985 a 1987, en el que se iniciaron los diálogos con la guerrilla de las Farc en el Gobierno de Belisario Betancour, hecho que desencadenó un cese al fuego bilateral y la creación del movimiento Unión Patriótica.
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Como han establecido varios historiadores y analistas del conflicto armado, durante el proceso de paz con las Farc, en la segunda mitad de los ochenta, el Gobierno estableció controles civiles para las acciones de las Fuerzas Armadas que les redujeron los poderes judiciales e independientes, otorgados por el Estatuto de Seguridad, a este órgano militar.
Esas acciones generaron molestias al interior de las Fuerzas Armadas, desencadenando acciones clandestinas en contra de líderes sociales, activistas políticos y movimientos de izquierda, entre otras personas, para su ejecución. Según establece el CNMH, eso motivó el aumento de asesinatos selectivos y desapariciones forzadas, acciones violentas que le permitieron al Estado continuar su guerra contrainsurgente, a espaldas de la justicia. Una guerra estigmatizada contra los movimientos de izquierda.
https://twitter.com/Ccajar/status/971029874067542016
De los 444 casos de desaparición forzada que tienen descripción sobre la labor de la víctima, documentados por el CNMH, se encontró que el 72% era militante político, sindicalista o docente. Asimismo, es un delito que llegó a las ciudades, la desaparición es uno de los pocos delitos del conflicto armado en que Bogotá cuenta con gran número de casos 862 según el Grupo de Memoria Histórica.
Esto se explica porque uno de los motivos de la desaparición forzada consiste en no hacer evidente el delito frente a la sociedad, con el fin de ocultar el fenómeno de la violencia, lo cual afectaba la percepción de seguridad en las ciudades y, como explica el CNMH, evitaba manifestaciones sociales.
Para la década del ochenta, “el 62% de los casos, 2 de cada 3 desapariciones” fueron cometidas por paramilitares y miembros del Estado. Esas alianzas entre el Estado y los paramilitares, fueron hechas para que el uno tuviera un brazo ilegal y clandestino que hiciera el trabajo sucio que las limitaciones judiciales le estaban impidiendo cometer al otro.
Por la inexistente legislación sobre desaparición en este periodo, los victimarios que cometían este delito y las técnicas empleadas para desaparecer, el 92% de las víctimas continúa desaparecida y en la mayoría de los casos, tanto el perfil de la víctima como otras características de la desaparición es muy precaria.
Ni Luz Marina ni Lucía Osorno han obtenido respuesta del Estado sobre las investigaciones de sus familiares, desconocen cualquier información acerca de ellos y, por supuesto, tampoco se ha judicializado a nadie. Entonces, la incapacidad o poca disposición del Estado para resolver los casos de desaparición forzada mantiene, hasta el día de hoy, la impunidad.
