La Administración Distrital de Bogotá anunció una medida que marca un nuevo giro en la política local: se solicitó la renuncia protocolaria de los 20 alcaldes y alcaldesas locales de la capital, en lo que se ha denominado un proceso de “evaluación permanente”.
La instrucción provino directamente del alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, y fue confirmada por el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, quien a través de su cuenta en la red social X explicó que la estrategia responde a la necesidad de reforzar los mecanismos de control y seguimiento sobre las administraciones locales.
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“Por instrucción del alcalde mayor @CarlosFGalan pedimos la renuncia protocolaria a las alcaldesas y alcaldes locales. La evaluación permanente es uno de nuestros principios de gerencia pública. Hemos avanzado, sin embargo el seguimiento y la exigencia serán cada día más rigurosos. Las alcaldías locales deben gobernar lo cotidiano de manera transparente, eficiente y con resultados”, indicó Quintero.
Aunque la medida no implica la salida inmediata de los mandatarios locales, sí abre la puerta a cambios en varias localidades. Galán será el encargado de evaluar cada caso y decidir si acepta o no las renuncias, ratificando a algunos alcaldes o reemplazando a quienes no cumplan con las metas trazadas por la administración central.
El anuncio coincide con la próxima presentación de un informe de la Contraloría de Bogotá, en el que se espera se revelen hallazgos sobre presuntas irregularidades en procesos de contratación en distintas localidades. Esta coincidencia refuerza la interpretación de que el gobierno distrital busca tomar distancia frente a cuestionamientos por falta de control en la ejecución de los recursos locales.
Uno de los casos que más ha llamado la atención es el de la Alcaldía Local de Chapinero, donde concejales y ediles han denunciado posibles sobrecostos en la compra de motocicletas para la Policía, con un presunto incremento cercano a los 50 millones de pesos, así como en la adquisición de paquetes de billetes didácticos con un costo de aproximadamente 450.000 pesos por unidad.
A estas críticas se suman las vacantes que todavía persisten en dos localidades, situación que ha generado reclamos en el Concejo de Bogotá, donde algunos cabildantes han señalado que la falta de liderazgo en ciertas zonas ha debilitado la capacidad de gestión y respuesta a problemas de seguridad y convivencia.
Con la solicitud de renuncias, Galán busca enviar un mensaje de autoridad y control sobre las administraciones locales, bajo la premisa de que la transparencia y la eficiencia deben ser los ejes rectores de su mandato. En los próximos días, la ciudadanía conocerá qué alcaldes locales continuarán en sus cargos y quiénes deberán dejar el puesto, en un reacomodo que podría marcar el rumbo político de Bogotá en lo que resta de la actual administración.
