La madrugada del 2 de diciembre de 2018, en el barrio La Inmaculada de Buenaventura, comenzó el proceso judicial contra Andrea Burgos, una mujer trans que, según su versión, se encontraba en un velorio cuando fue interceptada por la Policía.
De acuerdo con el reporte de los patrulleros, Burgos habría arrojado un objeto al notar la presencia de los uniformados, el cual posteriormente fue identificado como una escopeta. Sin embargo, la procesada ha sostenido que nunca tuvo un arma en su poder y que fue vinculada al caso por encontrarse en el lugar de los hechos.
Ese mismo 2 de diciembre de 2018 se realizaron las audiencias preliminares ante un juez de control de garantías, donde la Fiscalía decidió no solicitar medida de aseguramiento, al considerar que no representaba un peligro para la sociedad.
El caso fue asignado posteriormente al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Buenaventura, donde avanzó el proceso. No obstante, entre abril de 2019 y septiembre de 2024, el expediente permaneció sin actividad durante más de cinco años. Cuando el caso estaba próximo a prescribir, el juzgado adelantó en un corto periodo de tiempo las etapas restantes hasta emitir sentencia el 1 de noviembre de 2024.
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Una condena en medio de cuestionamientos
Andrea Burgos fue condenada a 108 meses de prisión (9 años) por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Según el expediente, la decisión judicial se sustentó principalmente en el testimonio de un patrullero, sin que se evidencie en el proceso la práctica de otras pruebas determinantes durante el juicio.
La defensa ha señalado que el proceso estuvo marcado por presuntas irregularidades, entre ellas fallas en las notificaciones, ausencia de una defensa técnica efectiva y la imposibilidad de que Burgos compareciera y rindiera su versión en juicio.
Dentro de los cuestionamientos al proceso, se destaca que no existe registro de la audiencia de imputación y que las notificaciones para su comparecencia fueron limitadas, con intentos que no lograron ubicarla adecuadamente. Asimismo, se ha advertido que la defensa pública no habría desarrollado una actividad investigativa sólida ni presentado recursos frente a la sentencia, a pesar de que el caso estaba próximo a prescribir.
Estos elementos han sido señalados por su equipo jurídico como posibles vulneraciones al derecho a la defensa y al debido proceso.
El 24 de enero de 2025, Andrea Burgos fue capturada para cumplir la condena, en un momento en el que, según su defensa, no tenía conocimiento pleno de la decisión judicial en su contra.Tras su detención, el Colectivo Justicia Racial asumió su representación y emprendió acciones legales, incluyendo una acción de tutela, con el objetivo de cuestionar las condiciones en las que se desarrolló el proceso.
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El expediente ha pasado por distintas instancias judiciales, incluyendo el Tribunal Superior de Buga y la Corte Suprema de Justicia, donde se han debatido aspectos relacionados con la validez del proceso y las garantías judiciales.
Hasta el momento, el caso continúa en discusión dentro del sistema judicial, en medio de recursos y actuaciones que buscan determinar si existieron vulneraciones a los derechos fundamentales de la procesada.
El proceso de Andrea Burgos ha sido expuesto por su defensa como un ejemplo de posibles fallas estructurales en el sistema judicial, particularmente en lo relacionado con el acceso a una defensa adecuada y las garantías procesales.
Asimismo, organizaciones sociales han acompañado el caso, señalando la necesidad de revisar este tipo de procesos para evitar que situaciones similares se repitan. La historia de Andrea Burgos sigue abierta y plantea interrogantes sobre el funcionamiento de la justicia, el alcance del debido proceso y las condiciones en las que se desarrollan algunos juicios en el país.
