En medio de crecientes tensiones económicas y políticas, el panorama fiscal de Colombia se ha convertido en uno de los focos más candentes de la agenda pública. La decisión del gobierno de Gustavo Petro de suspender la regla fiscal mediante la activación de la cláusula de escape ha desencadenado una batalla legal que podría definir el rumbo económico del país para los próximos años.
El pasado viernes 13 de junio, el ministro de Hacienda anunció que el Ejecutivo se acogería a la cláusula de escape, una figura contemplada en la ley que permite a los gobiernos sobrepasar los límites fiscales establecidos —como el techo de deuda del 70 % del PIB o el déficit máximo del 6 % en 2025—, bajo condiciones excepcionales. Según el gobierno, la alta deuda y el déficit estructural justifican esta medida.
Sin embargo, para varios expertos y exfuncionarios del sector económico, el argumento del Ejecutivo no cumple con los requisitos legales para activar dicha cláusula, que exige la existencia de una emergencia extraordinaria o una amenaza real a la estabilidad macroeconómica del país. En ese contexto, el economista y expresidente de Colpensiones, Pedro Nel Ospina, presentó una demanda ante el Consejo de Estado buscando la suspensión de la medida.
Una demanda con implicaciones profundas
La acción legal no es menor: apunta a frenar lo que Ospina considera una vulneración directa de la Ley de Responsabilidad Fiscal y de la Ley Orgánica del Presupuesto. “La norma es clarísima: la cláusula de escape solo se puede usar en casos extraordinarios, como una pandemia o una crisis económica externa. Lo que está haciendo el gobierno es suspenderla porque anticipa que no la va a cumplir, lo cual es ilegal”, explicó el demandante.
Ospina argumenta que, frente al incumplimiento inminente, el Ejecutivo debió implementar medidas de ajuste fiscal, no suspender la norma. A este planteamiento se suman voces como la del exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño y la del presidente de Asofondos, Andrés Velasco, quienes coinciden en que la economía colombiana no muestra signos de inestabilidad macroeconómica que justifiquen esta medida excepcional.
Los efectos inmediatos
Si el Consejo de Estado acoge la solicitud de Ospina y suspende provisionalmente la decisión del Gobierno, el impacto sería inmediato: el Ejecutivo tendría que reducir el gasto para el próximo año. Esto podría significar un recorte cercano a los 63 billones de pesos, en cumplimiento con las reglas fiscales vigentes y las reservas acumuladas que superan los límites establecidos por ley.
Además, este litigio ocurre justo cuando el Gobierno debe presentar su proyecto de presupuesto al Congreso. De no haber una decisión cautelar oportuna, el riesgo es que el Ejecutivo pueda estructurar un presupuesto sin restricciones fiscales, respaldado por nueva deuda, antes de que el Consejo de Estado se pronuncie, lo cual podría tardar meses.
Cabe destacar que esto sería una estrategia para ganar tiempo, pues el Gobierno aún no ha publicado el acta del Consejo de Ministros (CONFIS) donde se formaliza la suspensión de la regla fiscal, lo que dificultaría la intervención inmediata de la justicia. Según sus palabras, esto permite que el Ejecutivo “pase agachado” mientras tramita el presupuesto ante un Congreso dividido, que ya ha demostrado resistencia frente a iniciativas fiscales del actual gobierno.
La preocupación de los expertos no se limita a lo legal. Hay implicaciones financieras claras: la prima de riesgo del país ha aumentado, las calificadoras han emitido advertencias y la confianza de los mercados en la institucionalidad fiscal colombiana se está erosionando.
Una encrucijada institucional
Aunque la cláusula de escape es una herramienta legítima en tiempos de crisis, el debate actual gira en torno a si su uso responde a una necesidad macroeconómica real o a una estrategia del gobierno para evitar los límites que impone la regla fiscal. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) —ente técnico e independiente— ya se pronunció negativamente, afirmando que no se cumplen las condiciones para la activación de la cláusula.
En este contexto, el Consejo de Estado enfrenta una decisión que va más allá del acto administrativo específico: está en juego la integridad del marco fiscal colombiano, el respeto por la legalidad y la credibilidad del país ante los inversionistas nacionales e internacionales.
La demanda de Ospina marca el inicio de un litigio contrarreloj. Si no hay una decisión pronta, los efectos del gasto sin control podrían materializarse antes de que la justicia actúe.
