
El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció este viernes que solicitará al Gobierno de Nicaragua la entrega del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), Carlos Ramón González, si se confirma que reside en ese país.
“La justicia colombiana requiere a Carlos Ramón González y se solicitará al gobierno nicaragüense que sea entregado a ella, si es residente en ese país”, afirmó Petro en su cuenta oficial de X.
Revelaciones sobre residencia en Nicaragua
El pronunciamiento se produjo un día después de que medios nacionales revelaran que González tendría residencia legal en Nicaragua. Según los reportes, la Embajada de Colombia en ese país habría tramitado su renovación el pasado 21 de mayo.
Petro negó esta versión: “El Gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González”, escribió en X.
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Respuesta a Claudia López
La controversia creció cuando la exalcaldesa de Bogotá Claudia López acusó al presidente de encubrir actos de corrupción y facilitar la evasión de González antes de pedir su extradición.
Petro respondió recordando que González fue presidente del partido político de López y que participó en todas sus campañas electorales.
“En esa condición, ingresó al Gobierno, al igual que otras personas implicadas en el caso de corrupción, provenientes de ese núcleo político, con excepción de Olmedo López”, dijo.
El mandatario señaló que la corrupción atraviesa todos los sectores y que, según investigaciones, parte de los recursos sustraídos habrían financiado la campaña local de Iván Name, exintegrante de ese partido y hoy opositor suyo.
“No se tramitó residencia para González”
Petro reiteró que ni el embajador de Colombia en Nicaragua, Freddy Muñoz, ni el Gobierno nacional gestionaron la residencia de González.
“Solicitaré personalmente su reintegro al país”, aseguró.
Compromiso con la transparencia
La solicitud de entrega, destacó la Presidencia, busca reafirmar el compromiso del Gobierno con la transparencia, legalidad y fortalecimiento institucional, en respeto a la independencia de poderes y los procedimientos judiciales vigentes.