Samuel Adrián fue arrestado el domingo 13 de septiembre cuando llegó al aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá. El documentalista mexicano deberá cumplir diez días de arresto y pagar una multa de 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes, como consecuencia de una orden emitida por un juzgado de Cali.
La medida se produjo dentro de un incidente de desacato relacionado con Colombia: fábrica de niños trans, documental en el que Adrián cuestiona los protocolos y tratamientos médicos de afirmación de género dirigidos a niños y adolescentes.
La Policía de Bogotá precisó que el procedimiento no corresponde a una captura por la presunta comisión de un delito. Se trata de una sanción judicial impuesta porque el realizador habría incumplido una orden dictada previamente dentro de una acción de tutela.
Tras aterrizar en la capital colombiana, Adrián fue conducido a una dependencia policial ubicada en El Dorado, donde comenzaron los trámites para hacer efectiva la medida. El mexicano conocía la existencia de la orden y, antes de viajar, había anticipado públicamente que podía ser privado de la libertad al ingresar al país.
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¿Quién es Samuel Adrián?
Samuel Adrián es un documentalista, activista y creador de contenido mexicano. Su presencia digital se ha concentrado en asuntos políticos, sociales y religiosos, desde una posición crítica frente al aborto, el alquiler de vientres, la migración irregular y las políticas relacionadas con la identidad de género.
Su nombre alcanzó mayor notoriedad en Colombia por la producción de Colombia: fábrica de niños trans, realizada por el equipo de Fundamento. El documental plantea cuestionamientos sobre el acceso de menores de edad a bloqueadores de pubertad, tratamientos hormonales y otros procedimientos médicos relacionados con procesos de afirmación de género.
La producción reúne entrevistas, testimonios y grabaciones realizadas durante una investigación desarrollada en Colombia. Parte de su contenido se concentra en la atención ofrecida a menores con incongruencia o disforia de género y en el trabajo de profesionales vinculados con la Fundación Valle del Lili, en Cali.
Uno de los médicos mencionados es Mario Angulo, endocrinólogo pediatra relacionado con la atención de menores en esa institución. Adrián incluyó fragmentos de una conversación con el especialista en la que se abordaron los protocolos, efectos y posibles riesgos de determinados tratamientos.
Según la versión del documentalista, la grabación se realizó en un espacio público y contiene explicaciones del médico sobre intervenciones dirigidas a menores, entre ellas sus posibles efectos sobre la fertilidad. Adrián sostiene que su difusión estaba justificada por tratarse de un asunto de interés público.
El documental también recoge el llamado “caso Laura”, presentado por sus realizadores como la historia de una joven que habría recibido un diagnóstico y tratamientos relacionados con la transición de género cuando era menor de edad. La producción cuestiona la evaluación médica realizada y señala a este caso como una de las razones para revisar los protocolos aplicados en Colombia.
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La tutela de Mario Angulo y el origen del arresto
Antes del estreno del documental, el médico Mario Angulo presentó una acción de tutela para proteger sus derechos a la intimidad, la imagen y el buen nombre frente a la divulgación de una conversación y otras referencias realizadas por Samuel Adrián.
Según la información conocida del proceso, Angulo solicitó retirar de internet los fragmentos en los que aparecían su nombre, imagen y declaraciones. Un juzgado de Cali aceptó la solicitud y ordenó eliminar parte del contenido publicado en YouTube y otras plataformas.
Sin embargo, Adrián mantuvo disponible el material. El incumplimiento llevó a la apertura de un incidente de desacato, tras el cual el juzgado le impuso diez días de arresto y una multa de 15 salarios mínimos. La sanción se hizo efectiva cuando el documentalista ingresó a Colombia.
Adrián ha calificado el proceso como un acto de censura y una vulneración de su libertad de expresión. La contraparte, por su parte, sostiene que busca proteger los derechos del médico y cuestiona el uso de las grabaciones.
El presidente Abelardo De La Espriella también se pronunció sobre el caso y aseguró que este debe abrir un debate nacional. El mandatario pidió al Congreso legislar sobre los límites de los procedimientos de afirmación de género en menores de edad y sostuvo que estas decisiones no deberían quedar únicamente en manos de tutelas, protocolos administrativos o criterios jurisprudenciales. Además, afirmó que su Gobierno defenderá la protección de los niños, las familias y la potestad de los padres.
