Yeferson Cossio, conocido por su extravagante estilo de vida y los lujos que frecuentemente exhibe en redes sociales, está en el centro de una controversia luego de que se conociera que la mansión donde vivía no era de su propiedad, como muchos de sus seguidores creían.
La noticia fue difundida por el analista y activista Santiago Alvarán, quien aseguró que la Fiscalía General de la Nación había aplicado extinción de dominio sobre la lujosa residencia y que Cossio debía abandonarla por ese motivo. Las declaraciones generaron un gran revuelo en redes sociales, obligando al influencer y a su abogado a pronunciarse públicamente.
En un video publicado recientemente, Yeferson Cossio explicó que había entregado la mansión hace seis meses, tras haber pagado cerca de 1.500 millones de pesos en arriendo, con un canon mensual de 30 millones. Lo que generó la polémica fue que la casa, en realidad, pertenecía a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrar bienes que han sido objeto de extinción de dominio.
“El inmueble sí tenía un pasado turbio”, reconoció el abogado de Cossio. “Era propiedad de una persona que aparentemente incurrió en delitos como narcotráfico, lavado de activos, minería ilegal o corrupción. Por eso fue incautada por la Fiscalía y entregada a la SAE”.
El letrado aclaró que Cossio no tuvo ninguna implicación legal con la extinción de dominio, ya que su vínculo con la propiedad era exclusivamente como arrendatario. “Él habitaba el inmueble bajo un contrato legal con la SAE. La casa ya era propiedad del Estado en el momento en que se firmó el contrato de arriendo”, añadió.
Según información publicada por el diario El Colombiano, la mansión en cuestión estaba conectada con una red de operaciones fraudulentas vinculadas a los jefes de ‘La Oficina de Envigado’, una organización criminal con fuerte presencia en Antioquia. A través de testaferros y familiares, los cabecillas habrían ocultado recursos ilegales, lo que llevó a la Fiscalía a iniciar procesos judiciales y a incautar varios bienes, entre ellos la mansión que alquiló Cossio.
A pesar de que la polémica ha generado duras críticas y reacciones encontradas en redes, el caso revela una situación más compleja sobre el uso de bienes incautados por el Estado y cómo estos pueden terminar siendo parte de la vida cotidiana de ciudadanos sin vínculos criminales.
