César Mauricio Rodríguez

Doctor en Humanidades con énfasis en Ciencias Políticas por la Universidad de Leiden (Holanda). Máster en Inteligencia Estratégica y Prospectiva por la Universidad Jaume I de Castellón (España). Especialista en seguridad, politólogo e internacionalista Magna Cum Laude. Egresado en competencias directivas del PAG – Programa de Alto Gobierno de la Universidad de Los Andes, y del PDD – Programa de Desarrollo Directivo de INALDE Business School.

Consultor, profesor, columnista e investigador en temas de estrategia, liderazgo, innovación, gestión pública y comunicaciones estratégicas. Cuenta con más de 25 años liderando procesos de transformación organizacional y desarrollo de políticas públicas en el sector público y privado.

César Mauricio Rodríguez

300 millones en las drogas

El Informe Mundial de Drogas 2025, publicado la semana pasada, reveló la cifra record más alta de consumidores registrada en la historia: 316 millones personas usaron alguna sustancia (excluyendo tabaco y alcohol), es decir, el 6% de la población global entre 15 y 65 años. Lo más grave es que esta tendencia no decrece desde 2013 y es advertida por Naciones Unidas como “una nueva era de inestabilidad mundial”. 

El narcotráfico no necesariamente depende de la demanda, como se le culpa, porque siempre habrá un mercado dispuesto a comprar y consumir drogas. Si este apenas alcanza el 6% de la población mundial en condición de consumidores -que igual es bastante-, significa que aún hay un potencial mercado muy amplio para ser “conquistado” por los drug dealers, jefes o cabecillas de organizaciones criminales, es decir que en este caso, depende de la oferta. Esto explica por qué el consumo no decrece, así se hayan incrementado las incautaciones. Así las cosas, siguen produciendo y mantienen la oferta; por ende, hay disponibilidad de droga para el consumo, correlacionando ahora la demanda.

Por eso, el argumento de más hallazgos de cargamentos de droga como muestra de la efectividad en la lucha, no es suficiente, si como hemos reiterado en otras columnas y análisis, no se complementa con el ataque frontal a quienes impulsan la oferta: el crimen organizado. El informe lo reitera. Hay un mayor empoderamiento de grupos de delincuencia organizada, porque en la misma medida que puedan haber mayores incautaciones, hay una mayor capacidad de diversificación de estas organizaciones, o si no revisemos el salto que dieron las drogas de tipo anfetamínico o los opioides sintéticos como el fentanilo durante los últimos años.

El reporte revela cómo, sólo la producción global de una sustancia como la cocaína, alcanzó 3.708 toneladas, con un aumento del 34%. Lo anterior cobra relevancia porque en ese incremento, Colombia concentra el 67% de los cultivos ilícitos del mundo y reporta un crecimiento del 53% anual, llegando a 253.000hectáreas de coca, la más alta en su historia. Esto no es accidental. Durante los últimos años el país volvió a ocupar el deshonroso primer lugar como productor de cocaína, de forma directamente proporcional al deterioro de la seguridad y el crecimiento de los grupos ilegales.

Por eso es tan peligroso empoderar al crimen organizado, cuya principal fuente de ingresos de la mano de la minería ilícita y la extorsión, es el narcotráfico. Y no hablo de los grandes alijos que se incautan en puertos o en alta mar, no. Es aquel que envenena las juventudes en calles y barrios, que al menudeo, genera mayor rentabilidad y reduce el riesgo de ser capturados al movilizar y transportar grandes cargamentos de droga por medio país. Es aquel que se ampara en absurdas medidas que permiten la dosis personal so pena de privilegiar el “desarrollo de la personalidad” atándole las manos a las autoridades, particularmente para incautarse de la droga circulante alrededor de parques y colegios, poniéndolos por encima de los derechos de niños y adolescentes.

¿Por qué si los tres principales grupos ilegales del país ELN, disidencias y Clan del Golfo, se consideran carteles, tienen disparada la inseguridad, se enriquecen a costa de consumidores y la tragedia familiar que representa, nos generan vergüenza y señalamiento en el exterior, por qué entonces, se negocia con ellos, se negocia con carteles? ¿Por qué se les sube a tarima pública? ¿Por qué se les otorgan ceses al fuego indefinidos? El resultado salta a la vista: “inestabilidad que agrava el impacto social, económico y de seguridad”, como se titula el informe mundial … no lo dice la oposición, ni los medios, lo dice la ONU.

No olvidemos el fantasma del país que es productor, termina siendo consumidor, con el altísimo riesgo de exposición ante nuestros hijos y familias. Tampoco podemos caer en la solución facilista y minimalista de cambiar el enfoque por uno exclusivamente de salud pública, pues también está probado que en aquellos países donde lo han intentado, las mafias se empoderan aún más del negocio, ofertando nuevas sustancias para mantener esa demanda, ya no con consumidores ocasionales, sino con adictos y drogodependientes, agravando la carga presupuestal a los sistemas de salud. 

Reiteramos, lo primero que se requiere es decisión política: enfrentar a quienes impulsan la oferta, los que producen las drogas, a quienes se enriquecen con ellas, al crimen. Una visión de seguridad y judicial fuerte, de la mano con la prevención y el tratamiento, la investigación científica y la cooperación internacional corresponsable y en cadena, desde los países que elaboran los insumos químicos e impulsan la demanda, hasta donde se produce, con desarrollo social en las zonas donde se cultiva, es un camino que ha dado resultado en mejores momentos políticos de la historia reciente del país. 

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César Mauricio Rodríguez
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