La semana pasada Medellín recibió un golpe de realidad que muchos intentaron evitar a toda costa: la Fiscalía General de la Nación informó el 20 de noviembre que abrió investigación penal por los hechos que denuncié en octubre sobre un presunto entramado de extorsiones y corrupción operado desde la propia Secretaría de Seguridad de Medellín durante las administraciones de Federico Gutiérrez y bajo la órbita política del hoy concejal Andrés Tobón. La investigación se abre específicamente para esclarecer las presuntas extorsiones a comerciantes del Parque Lleras y la supuesta financiación ilegal de la campaña de Tobón por parte de un narcotraficante de origen árabe conocido como alias “Mark”.
Pero este caso no empieza con la Fiscalía. Empieza con un testimonio que estremeció al país.
En una entrevista pública, el comerciante Laurens Mejía narró con detalle cómo, durante años, miembros de la Policía, funcionarios de la Alcaldía y operadores políticos exigían pagos, favores, compra de armas, entrega de dinero para falsas incautaciones e incluso aportes económicos para campañas políticas. Según su relato, todo esto se hacía con un objetivo tan simple como criminal: evitar presiones, sanciones o el cierre de negocios a cambio de plata. En sus palabras: “lo que montó la Secretaría de Seguridad fue una oficina de extorsión; allá todo el mundo tiene que dar de alguna forma”.
Pero hubo una afirmación todavía más grave: la presunta entrega de 1.200 millones de pesos provenientes del narcotráfico para financiar la campaña de Andrés Tobón al Concejo de Medellín. Un aporte que, de ser cierto, no solo implicaría un delito electoral grave, sino una nueva prueba de que el modelo de “seguridad” que ciertos sectores vendieron durante años podría haber sido financiado por estructuras criminales.
Los hechos revelados no describen simples irregularidades administrativas. Tampoco se reducen a unos policías corruptos o a funcionarios aislados. Lo que describió Mejía —y lo que hoy investiga la Fiscalía— apunta a un posible patrón de captura criminal del aparato de seguridad municipal, donde la fuerza pública, altos funcionarios de la Alcaldía y operadores políticos estarían supuestamente actuando de manera coordinada para presionar, cobrar y condicionar la actividad económica en Medellín.
Hoy la ciudad sabe que la Fiscalía abrió formalmente la indagación. Eso es lo que importa. Y algunos deberían dejar de hablar de “persecución” para empezar a dar explicaciones. Porque no fuimos nosotros quienes hicieron públicos estos hechos: fue un comerciante harto de ser extorsionado por quienes debían protegerlo.
Y hay una pregunta que Medellín debe hacerse sin miedo: ¿cómo es posible que un esquema así ocurriera a plena luz del día sin que la administración municipal —la misma que se promocionaba como ejemplo nacional de seguridad— hubiera detectado, denunciado o desmontado nada?
Si no lo sabían, es una muestra de incompetencia. Si lo sabían y lo permitieron, es corrupción. Y si lo sabían y se beneficiaron, es criminal.
La apertura de esta investigación no es una victoria política. Es un paso mínimo y necesario para proteger a los comerciantes, para limpiar la institucionalidad y para que Medellín deje de normalizar prácticas mafiosas con disfraz de autoridad. Por eso seguiremos insistiendo, con la fuerza que sea necesaria, en que la verdad salga a la luz, caiga quien caiga.
Porque si fue para esto para lo que querían volver al poder en Medellín, para convertir a la Alcaldía en una oficina de extorsión, más que nunca debe actuar la justicia para condenar a quien sea necesario y la ciudadanía para castigarlos en las urnas, para que nunca pueda este combo retomar las riendas de la ciudad.
