“Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra”. La crisis del sistema de salud colombiano no empezó en este gobierno, ni puede achacársele injustamente al presidente Gustavo Petro. Los problemas financieros, estructurales y de corrupción vienen de tiempo atrás, y el reciente informe de la Contraloría sobre la Nueva EPS lo confirma con datos que estremecen.
El ente de control reveló que la Nueva EPS reportó 22,7 millones de facturas por $22,1 billones, pero al depurar la información se hallaron 9,1 millones de facturas duplicadas por $8,9 billones. El valor real pendiente de auditoría es de $13,17 billones, de los cuales el 99 % corresponde a 2024 y 2025. Es decir: se “guardaban” facturas para retrasar la visibilidad de la deuda, maquillando balances y ocultando la magnitud real del problema. Además, la Contraloría encontró que en 2024 se subestimó el pasivo en $11,1 billones, presentando como canceladas obligaciones que seguían pendientes. Así se explica que el pasivo haya pasado de $5,4 billones en 2022 a $21,3 billones en marzo de 2025, con proyección de cerrar el año en $26,3 billones. La EPS está en un punto de inviabilidad estructural.
Por otro lado el informe también señala graves fallas en la contratación: 18 prestadores sin soportes de contratos, notas técnicas incompletas y ausencia de trazabilidad en múltiples procesos. A ello se suma la existencia de uniones temporales con vínculos comerciales sin contratos firmados, lo que viola la normatividad vigente y abre la puerta al direccionamiento y a la concentración de poder en pocos actores. Ejemplo de ello es la IPS BIENESTAR que aparece en 4 UT, concentrando entre el 80% y 99% de participación, compartiendo el mismo representante legal, este modelo amañado y dudoso se instauró antes de la intervención y lamentablemente los interventores que han pasado por la entidad, no han identificado la magnitud de la dificultad pese a las quejas por la falta de garantías en la prestación del servicio. Dichas UT monopolizan la red y luego subcontratan, pues muchas existen solo en el papel. En consecuencia no aseguran la accesibilidad real para el paciente. Varias de estas redes subcontratadas mantienen deudas pendientes con los profesionales de la salud, por servicios ya prestados y pagados a la UT madre. Esto con el fin de garantizar la accesibilidad que no termina garantizándose, muchas de estas redes subcontratadas por las famosas UT en varios departamentos les tienen deudas pendientes por servicios prestados, que ya que estos han sido cancelados a la UT principal, la cual es la única con relación directa contractual con la EPS. Así la UT reciben los pagos, pero no responden a su red, que le termina cerrando servicios por falta de pago. Esto es un ejemplo claro de como un servicio de vida termina convertido en negocio.
Hoy despues de conocido el informe se pretende sacar provecho político responsabilizando al actual gobierno por la crisis, cuando lo cierto es que el deterioro se acumuló durante décadas. Recordemos que en gobiernos anteriores fueron liquidadas:
- Caprecom (3,2 millones de afiliados).
- Saludcoop/Cafesalud (5,6 millones).
- Saludvida (1,2 millones).
- Emdisalud (1,1 millones).
- Ambuq (1 millón).
- Manexca (500 mil).
Más de 12 millones de usuarios quedaron sin EPS antes de Petro. Eso demuestra que la crisis es sistémica, producto de corrupción, deudas guardadas o ocultas y negligencia en la vigilancia y el control.
El presidente Petro no ha liquidado ninguna de estas EPS históricas. Por el contrario, ha planteado la necesidad de un mejor sistema que llegue al colombiano de a pie, con atención primaria y fortalecimiento del sistema público. La crisis no nació con él, pero sí le ha tocado asumir la peor cara de un modelo desgastado, y desmantelado.
En salud no se trata de “echar culpas” sino de encontrar soluciones reales. Y si de responsabilidades hablamos, que cada cual cargue con la suya.
