Enrique Vargas Lleras, director adjunto de Cambio Radical, pidió a la Procuraduría y la Contraloría crear equipos especiales para vigilar la contratación pública durante la transición de Gobierno. La solicitud busca que los organismos de control revisen los procesos que avancen antes del 7 de agosto de 2026.
El partido Cambio Radical pidió a los organismos de control activar una vigilancia especial sobre la contratación pública en el periodo previo a la posesión del nuevo Gobierno Nacional. La solicitud fue hecha por Enrique Vargas Lleras, director adjunto de la colectividad, en una carta dirigida al procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, y al contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra.
En el documento, Vargas Lleras pidió conformar equipos especiales de vigilancia y control en todas las entidades del Estado. La solicitud incluye entidades del orden nacional y territorial, y se concentra en los procesos contractuales que se adelanten hasta la posesión presidencial del 7 de agosto.
¿Qué pidió Cambio Radical?
La carta plantea cinco tareas para esos equipos. La primera es monitorear en tiempo real los procesos de contratación estatal que avancen durante la transición. La segunda es frenar la celebración de contratos que, según la solicitud, puedan comprometer indebidamente el presupuesto público o afectar la gestión del Gobierno entrante.
Cambio Radical también pidió adoptar medidas preventivas y disciplinarias frente a funcionarios que incurran en conductas contrarias a la transparencia contractual. Además, solicitó informes periódicos sobre los hallazgos detectados y las acciones adoptadas por los organismos de control.
El quinto punto pide coordinar con los organismos de seguridad del Estado y la Fiscalía General de la Nación las investigaciones que sean necesarias para prevenir y sancionar posibles actos de corrupción en la contratación pública.
El contexto de la solicitud
En la comunicación, Vargas Lleras sostiene que durante el Gobierno en curso se han presentado problemas en la contratación pública, como adjudicaciones irregulares, falta de transparencia y afectación del patrimonio público. La carta, sin embargo, no menciona contratos específicos, entidades puntuales ni funcionarios determinados.
La solicitud llega en medio del periodo de transición entre el Gobierno saliente y el entrante. En ese tramo, las entidades públicas pueden seguir ejecutando procesos administrativos y contractuales, pero los organismos de control tienen facultades para revisar posibles riesgos disciplinarios o fiscales.
La Procuraduría General de la Nación tiene competencia disciplinaria sobre servidores públicos, mientras que la Contraloría General de la República ejerce vigilancia fiscal sobre el uso de recursos públicos. Por eso, la petición de Cambio Radical apunta a que ambas entidades actúen de forma preventiva antes de la posesión del nuevo Gobierno.
Por ahora, la carta representa una solicitud política y no una decisión formal de los organismos de control. El paso siguiente será que la Procuraduría y la Contraloría definan si acogen la petición, si crean equipos especiales o si responden mediante los mecanismos ordinarios de vigilancia.
