En medio de un panorama cada vez más alarmante en materia de seguridad, la senadora colombiana Paola Holguín expuso ante Kienyke.com su visión crítica sobre la gestión del presidente Gustavo Petro. Según Holguín, el país vive una de las crisis más graves en décadas, en la que la fuerza pública se encuentra debilitada y las organizaciones criminales más fortalecidas que nunca.
"Retrocedimos tres décadas en cuanto a delitos de mayor impacto", aseguró la congresista, subrayando que la tasa de homicidios, los secuestros y la extorsión han experimentado un preocupante repunte en los últimos años. Citando datos de la Defensoría del Pueblo, Holguín afirmó que estructuras criminales operan en más del 70% del territorio nacional, con presencia en al menos 800 municipios.
Una fuerza pública en retroceso
De acuerdo con Holguín, las causas del deterioro de la seguridad son múltiples, pero una de las más importantes es la disminución en la capacidad operativa de la fuerza pública. “Se ha presentado una salida masiva de hombres de la institución, algunos por retiro voluntario y otros porque fueron retirados por el gobierno”, detalló. Además, criticó la reducción presupuestal, el desmontaje de la inteligencia militar y los sucesivos ceses bilaterales al fuego, que según ella han paralizado la acción de la fuerza pública.
Holguín también cuestionó las rupturas diplomáticas del país con aliados estratégicos en defensa y seguridad como Israel, así como el debilitamiento de la relación con Estados Unidos. “El gobierno filtró información sobre Pegasus y falseó la información, lo que llevó a que Colombia fuera retirada de Ecom Group”, explicó. Esta situación ha afectado la cooperación internacional, fundamental para la lucha contra el lavado de activos y otros delitos transnacionales.
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Paz Total: ¿utopía o fracaso?
Uno de los puntos más contundentes de la entrevista fue la evaluación de la política de “Paz Total” promovida por el presidente Petro. Para Holguín, esta es “un fracaso total” por diversas razones: falta de marco legal, exceso de mesas de negociación con múltiples actores criminales y opacidad en los procesos.
“El gobierno abrió negociaciones con las disidencias de la FARC de Iván Márquez y Mordisco, con el ELN, con las autodefensas de la Sierra y con otras estructuras de narcotráfico, muchas de ellas sin claridad sobre los términos o las líneas rojas”, denunció. Además, recordó que aunque la Ley de Paz Total fue aprobada, la Corte Constitucional condicionó su aplicación a la presentación de una Ley de Sometimiento que hasta la fecha no ha sido radicada.
Para la senadora, esta ausencia de regulación ha permitido situaciones “exóticas” como el levantamiento de órdenes de captura que no impide que los actores sigan delinquiendo. Citó el caso de alias ‘Calarcá’, cuya estructura criminal fue responsable del asesinato de diez soldados durante un cese al fuego sin que el gobierno reaccionara con contundencia.
¿Negociaciones con quienes financiaron la campaña?
Una acusación particularmente grave hecha por Holguín es el posible conflicto de interés en las negociaciones de paz. Recordó que el propio hermano del presidente Petro afirmó que obtuvieron un millón de votos en cárceles mediante negociaciones con criminales. Además, grupos como el ELN e Iván Mordisco han declarado haber apoyado la campaña del mandatario.
“¿Cuál es el rol del gobierno al negociar con estructuras criminales que presuntamente lo ayudaron a llegar al poder?”, cuestionó. Según ella, esto afecta directamente la legitimidad de las conversaciones de paz, que ya están debilitadas por la falta de transparencia y resultados.
Disidencias, coca y minería ilegal: el combustible del conflicto
Holguín fue enfática al afirmar que la expansión del narcotráfico y la minería ilegal han servido para empoderar a las estructuras armadas ilegales. Según datos oficiales, Colombia podría tener cerca de 300.000 hectáreas de coca, con una capacidad de producción superior a las 2.600 toneladas de cocaína al año.
“El gobierno no se ha empeñado en combatir los delitos que fortalecen a estos grupos. ¿Cómo se negocia con un enemigo cada vez más fuerte?”, dijo, aludiendo al control territorial y financiero que hoy ostentan las bandas criminales.
Además, denunció la inacción del Estado en zonas fronterizas como Arauca, la Guajira y el Catatumbo, donde el ELN se moviliza libremente con apoyo del régimen venezolano. “El gobierno dice que hablará con Maduro sobre la crisis en Catatumbo, pero ¿cómo va a hablar con el cómplice?”, preguntó.
Los vacíos del Acuerdo de La Habana
Sobre el Acuerdo de Paz de 2016, Holguín insistió en que se firmó un documento desequilibrado que otorgó todas las garantías a las FARC sin exigir compromisos reales. Criticó la falta de sanciones, la impunidad, la escasa reparación a las víctimas y la ausencia de resultados tangibles por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
“Al día de hoy, no hay una sola sentencia en firme contra el secretariado de las FARC. Las caletas con armas siguen apareciendo, no devolvieron los bienes y muchos reincidieron sin consecuencias”, afirmó. Para la senadora, esto ha alimentado una “puerta giratoria” que permite a los criminales usar la paz como estrategia de guerra y reincidir sin castigo.
El caso del Clan del Golfo y el reclutamiento infantil
La senadora también advirtió sobre el creciente poder del Clan del Golfo, incluso en ciudades como Bogotá, y su ofensiva contra la fuerza pública. “Deciden iniciar un plan pistola y asesinan policías y soldados sin que el presidente diga una palabra al respecto”, criticó, reprochando la débil respuesta del Ministerio de Defensa.
Uno de los temas más sensibles abordados fue el reclutamiento forzado de menores, que ha crecido alarmantemente. “Hoy los están captando incluso por redes sociales. Muchos son indígenas, que deberían tener protección especial del Estado”, denunció, señalando además que el gobierno ha optado por no realizar bombardeos si hay menores en los campamentos, lo que los convierte en “carne de cañón”.
Enfoque en la seguridad
Para Holguín, el debate sobre la seguridad debe trascender los partidos y las ideologías. “La seguridad es un derecho humano. No hay paz sin seguridad”, concluyó. Hizo un llamado a los colombianos a exigir un Estado que no se rinda ante las estructuras criminales, sino que las enfrente con decisión y justicia.
