El Tribunal Superior de Bogotá dictó este jueves medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y figura clave del círculo político del presidente Gustavo Petro. La decisión, tomada por el magistrado Leonel Rogeles, se da en el marco del escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y que ha expuesto una red de desvío millonario de recursos públicos.
En el fallo, conocido en primicia por Caracol Radio, se ordena la captura inmediata de González por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. El magistrado instruyó al INPEC a trasladar al exfuncionario a una cárcel que considere adecuada, una vez se haga efectiva la orden de captura.
La fiscal delegada María Cristina Patiño, encargada del caso, solicitó que González fuera enviado a prisión de manera preventiva. En su intervención, advirtió que el imputado –cuya ubicación actual sería Nicaragua, según rastreo de su señal digital– "no tendría intención de someterse a la investigación, a la persecución penal ni al cumplimiento de una eventual pena", lo que representa un alto riesgo de fuga.
Un escándalo que sacude al Gobierno Petro
Esta medida se enmarca dentro del proceso judicial más delicado que enfrenta el Gobierno actual. El próximo viernes 6 de julio, el mismo Tribunal definirá si González debe permanecer recluido durante el desarrollo del juicio. Su captura y eventual detención marcarían el punto más alto de la investigación sobre una presunta red criminal dentro de la UNGRD, responsable de desviar recursos asignados a la atención de desastres naturales en todo el país.
González, quien fue también director de la Dirección Nacional de Inteligencia y es uno de los fundadores del partido Alianza Verde, es considerado un alfil político del presidente Petro. Su vinculación directa con el caso representa un golpe sin precedentes para el Ejecutivo, al tratarse del funcionario de más alto rango procesado hasta ahora por este entramado de corrupción.
Red criminal para comprar apoyo político
Las investigaciones de la Fiscalía revelan que González habría actuado como uno de los principales articuladores de una estructura jerárquica de corrupción dentro del Estado. Según los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, el exdirector del Dapre ordenó el pago de millonarios sobornos a congresistas para asegurar el respaldo a reformas legislativas promovidas por el Gobierno.
Una de las operaciones más graves, revelada por la Fiscalía, fue la entrega de $3.000 millones al entonces presidente del Senado, Iván Name, a través de la exconsejera presidencial Sandra Ortiz. Tanto Name como Andrés Calle, otro expresidente del Congreso señalado en la trama, ya fueron detenidos.
¿Qué está en juego?
Más allá de la suerte judicial de Carlos Ramón González, la decisión de este viernes será una prueba de fuego para la independencia del poder judicial frente a los intereses del Ejecutivo. La sociedad colombiana observa con atención si los órganos de justicia podrán actuar con contundencia, sin importar el peso político de los investigados.
Además, la medida podría acelerar otras decisiones clave en el proceso, como el preacuerdo de colaboración entre Olmedo López y la Fiscalía, que fue recientemente rechazado por inconsistencias. De ratificarse la prisión preventiva, se abriría la puerta a una nueva ola de imputaciones que podría salpicar a más altos funcionarios del actual Gobierno.
La orden de prisión contra Carlos Ramón González no es solo un golpe para un exfuncionario, sino una señal de que el caso UNGRD ha escalado al corazón del poder político. El país espera que la justicia actúe con firmeza y transparencia para restablecer la confianza en las instituciones y castigar con rigor a quienes abusaron de los recursos públicos destinados a salvar vidas.
