Un edificio puede arder, pero cuando lo que se quema es la justicia, el país entero queda en cenizas. Hace cuarenta años, el M-19 irrumpió en el Palacio de Justicia con fusiles y consignas revolucionarias. Pero detrás de la épica y el discurso político, se movía el dinero y la sombra del narcotráfico, interesado en borrar los expedientes de extradición que amenazaban su poder. Fue la alianza más oscura: la de los ideales corrompidos y el crimen organizado.
El Estado respondió con fuego y en medio de esa guerra interna, sin tregua, ni piedad, el país perdió algo más que vidas: perdió su fe en la justicia. El Palacio, símbolo del derecho, terminó reducido a ruinas; sus pasillos se convirtieron en laberintos de humo, gritos y desapariciones: ciento un muertos, once magistrados asesinados y una verdad que, hasta hoy, el poder sigue intentando reescribir.
- Le recomendamos: “La verdad no se ficciona”
El M-19 dijo hablar en nombre del pueblo, el Estado dijo actuar en nombre del orden y, entre los dos, incineraron la verdad. Con ello la revolución fracasó, el Estado se deshonró y la justicia fue asesinada en su propia casa.
A cuatro décadas, las llamas siguen vivas. El país conmemora, pero no sana.
La impunidad es la ceniza que cubre todo: ni el narcotráfico, ni los responsables políticos, ni las instituciones han asumido del todo su parte. El Palacio ardió, sí. Pero lo más grave fue que ardió la confianza en el Estado. Ese día Colombia entendió que la justicia puede morir dos veces: en el fuego, y en el olvido.
- Le puede interesar: Del grano a la ley: el nuevo aroma del emprendimiento cafetero
Y lo más doloroso es que seguimos viendo el mismo incendio en otras formas: en la corrupción que destruye las cortes, en los poderes que presionan a los jueces, en la manipulación de la verdad. Cada vez que el poder toca la justicia con sus manos sucias, el país vuelve a oler a humo.
El Palacio de Justicia no fue solo tomado ni solo retomado: fue traicionado por quienes empuñaron las armas para servir al narcotráfico, y por quienes desde el Estado creyeron que la justicia podía defenderse a bala.
Cuarenta años después, la pregunta no es quién disparó primero, sino cuándo dejaremos de incendiar la memoria.
