En abril de 2024 la Superintendencia de Salud ordenó la intervención forzosa de la Nueva EPS. Lo que parecía un control administrativo de rutina terminó destapando un agujero negro: facturas por más de $5 billones que no aparecían en la contabilidad oficial. No eran rumores ni exageraciones: fue el propio superintendente, Luis Carlos Leal, quien en junio de ese año reveló el hallazgo.
El mecanismo era tan simple como letal: facturas “engavetadas”, pasivos que no se registraban, reservas técnicas que aparecían maquilladas para mostrar un panorama financiero mucho más sano de lo que realmente era. Mientras los balances oficiales hablaban de 2,9 billones en reservas, la auditoría encontró que en realidad superaban los 8 billones. La diferencia: casi cinco billones borrados del mapa contable.
La pregunta es obvia: ¿desde cuándo estaba pasando esto y por qué nadie lo advirtió antes? La respuesta es incómoda. En Colombia, el regulador solo tiene acceso pleno a los libros cuando decreta la toma de posesión. Hasta ese momento, los balances llegan con los números que la propia entidad decide reportar. En otras palabras: el sistema está diseñado para enterarse tarde.
Un año después, en abril de 2025, la intervención tuvo que prorrogarse. No hubo mejora estructural. Y en septiembre de ese mismo año, la Contraloría remató con un informe lapidario: la Nueva EPS tenía un patrimonio negativo cercano a los 9 billones de pesos y un escenario de inviabilidad estructural. Una EPS que atiende a más de once millones de colombianos tambaleaba no solo por deudas crecientes, sino por la opacidad con la que fueron manejados sus pasivos.
Lo más grave no es el descalce contable, sino la indiferencia. Durante años, nadie levantó la voz: ni juntas directivas, ni auditorías externas, ni el propio sistema de vigilancia. Todo se destapó cuando ya el daño era inocultable. Se confirma lo que muchos temen: en la salud colombiana, los números se acomodan hasta que explotan.
Hoy la Nueva EPS sigue funcionando, pero con respiración asistida. Sus afiliados pagan la incertidumbre: citas aplazadas, tratamientos demorados, cuentas por cobrar que asfixian a los hospitales. La narrativa oficial habla de “corrupción” y “maquillaje”, la oposición de “incompetencia” en la intervención. Lo cierto es que el resultado es el mismo: un sistema que se repite en el espejo de su propia fragilidad.
El radar está encendido. Y la pregunta que queda flotando es brutal: ¿quién o quiénes han ocultado esta información? Porque los $5 billones no desaparecieron solos: alguien decidió que no aparecieran en los balances.
