
Raúl Humberto González, fiscal delegado contra la criminalidad organizada en Colombia reveló detalles sobre el hallazgo de una fosa común en la zona rural del municipio de Calamar, ubicado en la región del bajo Guaviare.
De acuerdo a las autoridades, en el lugar se encontraron ocho cuerpos que pertenecían a líderes sociales y religiosos identificados como Jesús Valero, Carlos Valero, Marivel Silva, Isaid Gómez, Maryuri Hérnandez, Óscar Hernández, James Caicedo y Nixon Peñaloza Chacón.
De acuerdo a González, los familiares de las víctimas no habían hecho la denuncia de la desaparición aparentemente por el terror y hostigamiento de los actores armados que hacen presencia en el territorio y que diferentes asociaciones de defensores de derechos humanos han alertado en varias visitas a la capital donde han expuesto al Gobierno Nacional la gravedad de la situación, exigiendo protección y garantías.
“Las familias no habían denunciado las desapariciones de estas personas, sin embargo por investigaciones en contra del frente primero se tenía información de que habían retenido unas personas. Ya después algunas personas se acercaron a la Defensoría del Pueblo, pudiendo corroborar que efectivamente habían ocho personas desaparecidas luego de ser citadas por miembros de esta disidencia para verificar una información. Los retienen, los llevan por vía fluvial a un punto en zona rural de Calamar, donde les hacen un interrogatorio donde los asesinan”, comenzó diciendo el delgado.
La indagación ha permitido establecer que el 4 abril de 2025, dos de las víctimas fueron citadas por integrantes del mencionado grupo armado y, tres días después, también fueron llamadas las seis personas restantes, con el fin de ser “interrogadas” sobre la posible presencia o creación de otro grupo delincuencial.
El funcionario expuso que a las víctimas las habrían obligado a cavar su propia fosa común, antes de ser asesinados con arma de fuego, aparentemente por su origen araucano, rasgo que llevó a pensar a los actores armados que los ocho retenidos eran miembros del Ejército de Liberación Nacional, ELN que buscaban entrar al territorio, algo que las autoridades desmintieron.
Según la investigación, los victimarios al parecer recibieron la orden desde el círculo de confianza de alias Iván Mordisco para evitar la posible conformación de una célula del ELN en la región.
Cabe destacar que este municipio es el más golpeado por la violencia en este departamento ya que en el territorio hay presencia de diferentes actores armados constantemente en confrontación.
Lo cierto es que el recrudecimiento de la violencia en diferentes regiones del país ha encendido las alertas sobre las garantías que tienen los y las defensoras de derechos humanos en el país, razón por la que varios colectivos y organizaciones semanas atrás estuvieron acampando en la Plaza de Bolívar para exigir apoyo y acompañamiento institucional.