Jesús Alejandro Garzón, el exfuncionario de la Procuraduría que terminó involucrado en un escándalo de corrupción dentro de ese órgano de control, fue enviado a la cárcel La Picota de Bogotá por decisión del juzgado 54 Penal del Circuito.
A Garzón, quien se desempeñaba como sustanciador y asesor jurídico en el despacho del anterior procurador general Fernando Carrillo, se le impuso una medida privativa de la libertad consistente en detención domiciliaria el pasado 27 de enero de este año.
Sin embargo, esa medida fue apelada y por esa razón se le envió a un establecimiento carcelario para que enfrente desde allí la investigación que cursa en su contra porque, al parecer, en el Ministerio Público se dedicaba a exigir dinero a funcionarios que estaban siendo procesados disciplinariamente.
¿De qué se le señala al exfuncionario de la Procuraduría?
La Procuraduría comentó que, con base a las pruebas en poder de las autoridades, el exfuncionario coordinaba acercamientos, acuerdos y recibía dinero a cambio de información privilegiada o cambiar el sentido de los fallos.
Las denuncias en su contra tienen origen desde el 2019. En diciembre de ese año, según el órgano de control, Fernando Carrillo tuvo conocimiento de los presuntos hechos delictivos en los que habría participado Jesús Alejandro Garzón, quien duró más de 25 años en la entidad.
Como parte de la estrategia de transparencia y control interno, el entonces procurador ordenó iniciar una verificación que contó con el apoyo investigativo del Área Anticorrupción de la Dijín de la Policía Nacional y se interpuso la denuncia ante la Fiscalía Especializada contra la Corrupción.
El pasado viernes 22 de enero se anunció la captura del exfuncionario de la Procuraduría tildado de corrupto. El hombre fue detenido en horas de la tarde mientras se encontraba en su residencia ubicada en el norte de Bogotá.
La Fiscalía General señaló que la investigación adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción logró recopilar, a través de pruebas técnicas, interceptación de comunicaciones y otras labores de policía judicial, los elementos materiales probatorios y la evidencia física que evidenciaría la posible actuación irregular de Jesús Alejandro Garzón en diciembre de 2019.
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Al parecer, el sustanciador, en ejercicio de su función y a través de dos personas, exigió una suma de 300 millones de pesos a un congresista con el fin de resolver a su favor un proceso disciplinario por el que, en primera instancia, fue sancionado cuando ejerció en otro cargo público en el año 2012.
El legislador al que el exfuncionario de la Procuraduría le habría pedido el dinero es el senador de Cambio Radical, Richard Aguilar, quien fue gobernador de Santander para el periodo 2012-2015.
Según el ente acusador, el hoy procesado vendría asesorando y trabajando con terceros para obtener sentencias de tutelas en contra de la Procuraduría.
Por estos mismos hechos, la Fiscalía investiga a dos abogados que habrían participado en este supuesto caso de corrupción y a una abogada que habría sido la encargada de presentar las tutelas.
Jesús Alejandro Garzón fue presentado en horas de la tarde de este lunes 25 de enero ante un juez de control de garantías y allí un delegado de la Fiscalía le imputó el delito de concusión.
En la diligencia, el exfuncionario de la Procuraduría no aceptó los cargos y, con firmeza, aseguró “ser completamente inocente”.