Muertes en motines carcelarios a principios de año “habrían sido intencionales”

Publicado por: gabriela.garcia el Mar, 24/11/2020 - 07:56
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Agencia Anadolu.
El Grupo de Expertos Forenses Independientes y el Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de Tortura indicaron que ninguno de los fallecidos fue baleado de un modo que indique que quien les disparó solo quería herirlos.

La organización Human Rights Watch (HRW) indicó que las muertes de 24 detenidos durante un motín carcelario a principios de año en Colombia debido al temor por el coronavirus (COVID-19) habrían sido intencionadas.

El Grupo de Expertos Forenses Independientes y el Consejo Internacional para la Rehabilitación de las Víctimas de Tortura indicaron que ninguno de los fallecidos en dichos motines fue baleado de un modo que indique que quien les disparó solo quería herirlos.

“La mayoría de las heridas de bala descritas en los reportes de autopsia son consistentes con haber sido producidas con el objetivo de matar", destacaron los expertos en el informe de HRW.

El documento no determinó quién efectuó los disparos en los incidentes del 21 de marzo, pero sembró “nuevas dudas sobre el cumplimiento de las leyes internacionales de derechos humanos y la importancia de una investigación exhaustiva”.

“Este nuevo reporte está basado en documentación oficial que apunta al asesinato intencional de detenidos y sin embargo hay pocos indicios de avances en la investigación", afirmó José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para América.

En su momento, la exministra de Justicia de Colombia, Margarita Cabello Blanco, informó que los reos murieron en un intento de fuga que se presentó en la cárcel La Modelo de Bogotá.

Cabello afirmó que los 24 fallecidos eran personas privadas de la libertad, además, que fueron 90 los heridos en medio del motín, entre los que se encontraban 83 reos y siete funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).

Margarita Cabello Blanco asumirá como procuradora general de Colombia en enero del próximo año, un nombramiento que, según Human Rights Watch, plantea serias dudas sobre los conflictos de intereses para garantizar una investigación exhaustiva.

Según la ley internacional de derechos humanos, los gobiernos deben proteger la vida de los detenidos e investigar rápidamente cualquier deceso.