Desafueros de la policía de tránsito bogotana

Lun, 11/05/2015 - 11:59
El sábado 26 de abril a las 13:30, María* circulaba en un vehículo de su propiedad por la carrera 52 con la calle 67, cerca del Hospital Universitario San José de Bogotá, cuando un hombre mayor q
El sábado 26 de abril a las 13:30, María* circulaba en un vehículo de su propiedad por la carrera 52 con la calle 67, cerca del Hospital Universitario San José de Bogotá, cuando un hombre mayor que atravesó la calle de manera imprudente, sin darse cuenta de que entre la fila de coches detenidos en la intersección por un semáforo en rojo una moto circulaba a considerable velocidad. El hombre fue atropellado por la moto que se dio a la fuga y, como consecuencia del impacto, el cuerpo del anciano cayó sobre el coche de María y rebotó finalmente contra el suelo. Como el accidente ocurrió en fracciones de segundos, quienes no vieron lo ocurrido y se encontraron con un vehículo detenido y un hombre atropellado sobre el pavimento, reaccionaron increpando a María y acusándola del atropello. Hasta que el hombre, medio aturdido por el impacto, se levantó del suelo y pudo aclarar que la propietaria del vehículo detenido no era quien lo había atropellado y sí, en cambio, un motociclista que había huido del lugar. A todas estas, ya había llegado una pareja de policías de tránsito, habían reclamado los papeles del vehículo e identificación de María y se disponían a certificar la imputación correspondiente a la mujer. Aclarada su inocencia la infortunada conductora se prestó a llevar al accidentado hasta un hospital y cuando, al cabo de varias horas, quiso recuperar sus documentos en poder de los agentes, recibió como respuesta la siguiente perla: “O arreglamos esto o la empapelamos”. María no tuvo más remedio que sacar su cartera y pagar a los dos bandidos en uniforme. Cuesta admitir que en Colombia agentes del Estado estén dispuestos a incriminar a una persona de intento de homicidio sabiéndola inocente, si ésta no quiere pagar o no tiene recursos para certificar su inocencia o comprar su libertad. Pero es la realidad de este país. Conozco otro caso. Juan*, estudiante colombiano en una universidad en Buenos Aires, jamás ha tenido licencia de conducir moto ni mucho menos ha sido propietario de motocicleta. Así que durante una visita a Colombia, se llevó un gran disgusto por encontrarse como deudor de una multa a causa de una infracción cometida --decía el comparendo-- mientras circulaba por las calles de Bogotá conduciendo una moto. La fecha de la presunta infracción coincidía –cosa perfectamente demostrable con solo enseñar el pasaporte— con su ausencia del país. Aclarar este asunto le ha costado a Juan tiempo, dinero y disgustos. El paso del tiempo ha significado además, un incremento de la cuantía de la multa y su ausencia de Colombia, por residir en el exterior, le ha supuesto involucrar a familiares y hasta un abogado en la resolución del problema, y lo ha obligado a visitas consulares, apostillas y demás gestiones burocráticas fáciles de imaginar. Si el Director General de la policía se interesa por conocer el testimonio de los protagonistas de estas dos pesadillas, estaré encantado de facilitárselos. Entre tanto, me pregunto cuántos ciudadanos más no sabrán de hechos semejantes, o si seré yo el único conocedor de estos dos “casos aislados”, de estas escasísimas “manzanas podridas”. De ser cierto esto último me gustaría correr con igual suerte la próxima vez que juegue el Baloto. *Nombres ficticios  
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