Es innegable que la ciudadanía tiene derecho a la protesta, pero hasta dónde llega la libertad de aquel que rompe una estación de transmilenio que le cuesta a la ciudad más de 200 millones, dinero que sale de los impuestos que todos los bogotanos pagamos; es necesario hacer un alto en el camino en el calor del tropel y entender que algunos actos vandálicos no son el resultado de una protesta política y por el contrario se pueden entender como acciones que atentan contra las libertades de toda la ciudadanía.
Nadie puede desconocer que el sistema transmilenio tiene muchas fallas, desde su concepción cuando Peñalosa en lugar de darle la oportunidad a la ciudad de tener un metro que descongestionará mucho más la ciudad se le ocurrió construir este elefante blanco que no es más que el negocio de unas pocas familias que se enriquecen a costillas de todos los bogotanos.
La administración distrital convocó a los comités de usuarios del sistema para construir colectivamente una propuesta y establecer una mesa de diálogo que le permitiera a la ciudad renegociar los contratos, pero a partir de los reclamos de la ciudadanía y por eso es que se da la pelea de establecer estos canales de comunicación para darle puntadas a lo que sería ese gran acuerdo ciudadano para delimitar hacia donde queremos que vaya el sistema de transporte masivo, incluyendo a transmilenio.
Para el viernes 9 de marzo estaba convocada una manifestación pacifica de carácter informativo, o por lo menos así decía la invitación que enviaban por las redes sociales, pero en algún momento a alguien o a algún sector se le ocurrió hacer papas (artefactos explosivos caseros) y dotar de tarros de pintura a un centenar de jóvenes para tomar las estaciones como medio de comunicación; y entonces me asalta una pregunta, como muchos la hicieron por twitter el viernes, ¿cuántas personas van a trabajar o a estudiar con alguno de estos elementos?
No creo que nadie políticamente estructurado haya mandado a sus jóvenes a destrozar las estaciones, pero si les dieron lo que en el argot de la protesta se conoce como “material” y una cosa llevo a la otra. En un programa de radio el día lunes estaban diciendo que los anarquistas estaban detrás de esto, claro no hay nada mejor que señalar a un grupo de jóvenes que manifiestan abiertamente su descontento para desconocer el origen real. Y es que en cualquier hecho violento siempre hay un actor intelectual, en este caso me atrevo a decir que a ese actor intelectual se le salió de las manos y la protesta con tinte de tropel estudiantil se degrado a una manifestación lumpen, que abrió la puerta a que delincuentes entraran a las estaciones a saquear las cajillas de seguridad, robarse dinero y las tarjetas, además de los grandes destrozos físicos que sufrieron cinco estaciones.
No podemos quedarnos en la discusión sobre la culpabilidad o no de un sector en los actos vandálicos del viernes, ya es la hora de construir entre todos una reforma real de ese sistema que definitivamente esta llevando a la ciudadanía al borde del colapso, y no solo en materia de movilidad pues no hay nada que más lo estrese a uno que subirse a un articulado de estos a las 6 de la tarde, tras 45 minutos de hacer largas filas para poder acceder.
Y pues siempre, cualquier gobierno democrático, debe estar dispuesto a la protesta social, a la movilización ciudadana y debe garantizar que las personas que se oponen a algunas iniciativas tengan su espacio para denunciar y criticar. Considero que es necesario retomar la idea de la creación de un equipo profesional y con la formación académica requerida para establecer diálogo constructivo con las personas que protestan, un equipo que actué en las crisis y que tenga la posibilidad de llegar a acuerdos sustanciales al calor del tropel. Un equipo que intervenga antes que la policía y le permita al Alcalde tener un panorama más amplio, algo que se intento hacer pero que se desvirtuó en lo que hoy es el equipo de Gestores de Convivencia, un equipo que en hora buena el gerente del Fondo de Seguridad y Vigilancia, doctor Polo Ávila, propone enviarlo a las localidades para de la mano con la policía garantizar mayor seguridad en la ciudad.
Es claro que la policía no intervino como acostumbra a hacerlo, el uso de la fuerza no fue tan desmedido como lo hace generalmente, o como lo exigió en su momento la señora Clara López tras las protestas y enfrentamientos que se dieron un primero de mayo; es urgente recalcar que si es posible llegar a escenarios de diálogo no hay ninguna necesidad de los enfrentamientos con la policía, y en esta oportunidad la administración ha establecido los canales para generar diálogos que construyan propuestas.
NOTA: Valga la pena aclarar que en ningún momento ni el twitter, ni en otra red social, ni lo he manifestado en voz propia que esta administración es violadora de los derechos humanos. Al contrario considero que el alcalde Gustavo Petro ha sido el único en los último años capaz de asumir posiciones de mando frente a la policía, lo que permitió que no se presentaran tantos desmanes por parte de los miembros de esa entidad.
Esto para evitar malos entendidos.
@gabobenavidesb
FB. Gabriel Benavides
gabriel.benavides@etb.net.co
EL DERECHO A LA PROTESTA
Mié, 14/03/2012 - 05:29
Es innegable que la ciudadanía tiene derecho a la protesta, pero hasta dónde llega la libertad de aquel que rompe una estación de transmilenio que le cuesta a la ciudad más de 200 millones, dinero
