En Colombia existen diversas formas de discriminación hacia múltiples minorías lo cual no es un secreto para nadie. La organización de estas y su lucha para menguar su absurdo señalamiento a veces resulta insipiente ante la abrumadora condena de las masas sobre ellos, la constitución y la ley ofrecen un apoyo democrático para que el Estado se encargue de proteger a unos cuantos ciudadanos de la estigmatización.
A pesar de lo anterior, existe un sector de la sociedad particularmente discriminado y estigmatizado por el Estado, por la fuerza pública quien permanentemente hostiga a estos ciudadanos simplemente por como se visten, por como caminan, por sus motilados y particularmente por su condición de consumidores. Si una patrulla de policías va por la calle y observa a uno o más jóvenes, vestidos con una gorra de visera aplanada, un motilado con trenzas y dibujos en su cabeza, buzo o camiseta ancha, pantalones descolgados, tenis abullonados sin amarrar, caminado cadente; son sujetos de una fija y exagerada pesquisa y si de casualidad el ciudadano huele a marihuana o es afrodescendiente, prácticamente lo desnudan en plena calle.
Y quien lea esta columna probablemente pensará que personas con este aspecto son intimidantes, sospechosos, o peligrosos, pero en realidad no existe argumento alguno para que estas personas sean motivo de discriminación por parte de la fuerza pública, a diario estos jóvenes son hostigados por su aspecto de una manera exagerada, mientras un ciudadano con un aspecto diferente, a lo sumo, será objeto de una ocasional pesquisa. De hecho, el lenguaje intencional ya ha clasificado a este grupo de personas con peyorativos calificativos como “chirretes” o “malandros” lo cual ha calado tanto en la sociedad que la misma los excluye, les teme y hasta los odia.
En diálogos con una fuente perteneciente a la fuerza pública, manifiesta que el mero aspecto de estas personas les incomoda, por lo cual suelen hostigarlos ya que incluso reciben llamadas al 123 por parte de ciudadanos quejándose por la sola presencia de ellos en el vecindario, llamado al cual acude la fuerza pública, para disuadir a estos sujetos para que se retiren de los sectores donde están “incomodando” a los vecinos.
“Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico”, esto reza el Artículo 16 de la Constitución Política de Colombia y en ninguna enmienda del orden jurídico nacional se restringe este derecho fundamental a los “chirretes” quienes tienen el derecho a vestir, motilarse y caminar como le venga en gana siempre y cuando no atenten contra el derecho del otro, su atuendo no es “inmoral” por lo cual jamás deben ser víctima de senda discriminación por parte de la sociedad y de la fuerza pública.
La misma fuente consultada reporta que, por lo general, en estas pesquisas no suelen tener hallazgos significativos, eventualmente dosis personal de estupefacientes y rara vez, armas blancas; por lo general las pesquisas solo suelen servir como método para disuadir a estas personas para que se retiren del espacio donde están “incomodando”. Estos actos de discriminación, que además constituyen un abuso de autoridad por parte de la fuerza pública, pasaran de agache por siempre en la sociedad colombiana, pues a pocos ciudadanos les interesa lo que pase o no con los “chirretes”.
