El Departamento de Estado de los Estados Unidos de América anuncia esta semana el exagerado crecimiento de los cultivos ilícitos en Colombia en 209.000 hectáreas de coca. Lo que demuestra un fracaso absoluto de las acciones contra las drogas ilícitas por parte del gobierno Santos en 8 años.
Se afirma que son acciones porque evidentemente nunca hubo una política integral contra las drogas ilícitas, y si en cambio acciones aisladas que generaron el crecimiento de los cultivos ilícitos, el aumento del consumo, del narcotráfico, entre otros efectos.
Lo crítico y absurdo es que se lleguen a estas cifras de crecimiento de cultivos en Colombia posterior a un proceso de paz con el grupo guerrillero Farc cuando precisamente el punto cuatro de lo pactado estaba relacionado con una serie de acciones esenciales para combatir o mitigar el fenómeno de las drogas ilícitas.
Con respecto a la implementación del punto cuatro del Acuerdo de Paz relacionado con Drogas Ilícitas se encontró un avance del 23.94% a 31 de mayo del 2018 según el reciente informe de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura-OEI- presentado al Congreso de la República el pasado 26 de junio del 2018.
En este informe se presenta cómo en las zonas de cultivos y con un avance del 0% se refleja la ausencia de brigadas de salud y de reportes en sustitución vrs resiembra, falta de atención integral de niñas y niños en primera infancia en zonas rurales con acuerdos colectivos para la sustitución de cultivos de uso ilícito, ausencia de servicio de apoyo financiero para proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria. Esto denota claramente una falta de presencia estatal y de garantías de derechos fundamentales en estas zonas.
Es cuestionable avanzar en el PROGRAMA NACIONAL INTEGRAL DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO (PNIS) sin hacer la consulta previa a los grupos étnicos del decreto que los reglamenta, debía estar cumplido para 2018 y su avance es del 0%. Esto es crítico toda vez que los procesos de consulta requieren de tiempo y las comunidades tienen derecho a que se les cumpla con los tiempos requeridos para ello.
Se encuentra que no hay ningún avance en materia de consumo de drogas, todos los indicadores relacionados con el tema están en el 0% lo cual indica que sólo hay una prioridad en asuntos de cultivos y no en el último eslabón del narcotráfico que es el consumo.
Se crearon y no implementaron el Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas ni el Sistema de Atención al Consumidor de Drogas Ilícitas, ni se Reformuló la política frente al consumo. Tres puntos pactados en el acuerdo de paz y que no se implementaron.
Es preocupante observar que la formulación e implementación de una estrategia integral específica de lucha contra la corrupción asociada al narcotráfico que debía estar a 2017 esté en un avance del 0%.
Es importante resaltar que en los tres grandes indicadores que enmarcan el punto 4 del acuerdo hay importantes avances normativos, prácticamente todo lo relacionado con las normas necesarias para iniciar las acciones y compromisos del acuerdo están diseñadas y expedidas.
Sin embargo, su implementación es mínima lo cual indica que de nada sirven las normas si no se implementan o aplican, evidenciando falencias en la gestión de las entidades responsables.
No son efectivos los programas de desarrollo alternativo, no hay conocimiento en las comunidades de cómo ejecutar la sustitución, son diferentes entidades, observadores internacionales, autoridades locales, los que brindan información y no se tienen unas reglas claras para proceder; esto ha generado conflictos internos entre los habitantes de las zonas veredales que llevan a la violencia y deserción.
Es evidente que siempre se han destinado recursos económicos importantes para la lucha contra las drogas en Colombia, pero la destinación de recursos no ha funcionado “si se tiene en cuenta que hoy en día estamos con las mismas cifras que los paros cocaleros de los años 90”. Adicional a ello después de 8 años de gobierno se inicia la fumigación con drones y glifosato, lo cual es absolutamente tardío para finalizar un gobierno.
Es necesario que las drogas ilícitas tengan una mirada integral, una política pública a largo plazo de Estado y no de gobierno, enfocado a que los planes de acción deben ser revisados con el enfoque del nuevo gobierno de tal manera que las Entidades competentes se comprometan a cumplir con lo pactado, con recursos y líneas de desarrollo a largo plazo.
Se necesitan estrategias que trasciendan de la reducción y la eliminación de determinados mercados ilícitos para poner fin a la delincuencia organizada transnacional, se requiere invertir a largo plazo mucho más y con más eficacia en las personas a título individual y en la comunidad.
Las regiones afectadas por la delincuencia organizada deben encontrar otras opciones socioeconómicas apoyadas por instituciones legítimas y transparentes y por un firme estado de derecho.
Es necesario el fortalecimiento de la cooperación internacional para combatir el blanqueo de capitales por lo que se sugieren medidas para luchar contra la corrupción generada por el narcotráfico.
Es urgente una política integral y a largo plazo sobre consumo, no puede seguir siendo la cenicienta del narcotráfico, es tan importante el cultivo como el consumo y en vez de culpar a los consumidores de países extranjeros como lo hizo esta semana el Presidente Santos debemos pensar en la prohibición de la dosis mínima, atender a los consumidores en Colombia con rehabilitación y criminalizando al jíbaro.
Se esperaba más acción y cumplimiento posterior al proceso de paz, más aún cuando Santos se hizo reelegir en el 2014 bajo las banderas de la paz hoy con resultados mínimos en materia de drogas ilícitas,se esperaba menos show y más responsabilidad ante los colombianos y la comunidad internacional.
